El blanqueo de capitales, básicamente, trata de enmascarar el origen de las ganancias de actividades ilícitas para darles una apariencia legal y no es ningún secreto que, para lograrlo, muy a menudo se eche mano de testaferros, precisamente porque la identidad de estos oculta a la del verdadero beneficiario. Esta semana, en el juicio seguido a Ricardo Martinelli junto a otras 14 personas, su defensa parece gravitar alrededor de que ningún declarante ha visto al expresidente solicitando dinero a contratistas del Estado, depositando cheques en la cuenta de New Business o sosteniendo un certificado de acciones de Epasa. Aunque para un niño quizá eso tenga algún sentido, en realidad tiene poca importancia; si no, que alce la mano el que haya visto a un lavador haciendo fila en un banco. Lo que conduce directamente hacia el responsable de ese tipo de delitos, son las transacciones, el rastro del dinero y, a veces, hasta sus propios actos y los de algunos terceros. ¿Alguien recuerda que, en abril de 2020, después de que el Ministerio Público informó que había recuperado $9.2 millones en acciones de Epasa, Martinelli solicitó el embargo de la administración de la editora, alegando una presunta deuda de $7.5 millones? El pagaré que sustentaba la demanda fue otorgado por Theodoros Theodorou, quien ya se dio su vuelta por el estrado de la juez Baloisa Marquínez y, entre otras cosas, admitió que Martinelli es el accionista principal de la editora y quien toma todas las decisiones. Y él debe saber quiénes son los dueños, ya que figura como tesorero de la junta directiva de la empresa.
Otra lección muy valiosa que puede ser aprendida de este proceso apunta a la nefasta figura del fuero penal electoral. A través de esta semana hemos podido escuchar a los abogados solicitar la suspensión del juicio, alegando diferentes motivos. El último argumento es el de la falta de competencia, esgrimido por el defensor de Daniel Ochy, quien sostiene que el imputado David Ochy (hermano de su cliente) goza de fuero. Hace rato que la juez declaró la ruptura procesal respecto a David Ochy, quien está aforado porque es precandidato presidencial de RM. Si no fuera por el bloqueo a las instalaciones de La Prensa en el año 2012, quizá nadie sabría ni quién es. ¿Por qué una figura tan discutiblemente presidenciable necesitaría un blindaje legal contra procesos judiciales? ¡Ah!… pero es que parece que la tarjeta platinum del fuero penal electoral es prácticamente un privilegio para mantener húmedo el rabo de paja de algunos de los que corren en las primarias del partido RM. ¿Queda alguna duda de qué es lo que buscan con esa patente de corso?
La defensa de Martinelli también hace énfasis en que ni uno de los bancos involucrados en la compra de las acciones de Epasa, objetó el origen de los fondos. Parece que olvidan que el banco está obligado a guardar la confidencialidad de las actividades que reporta como sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Entonces ¿cómo es que podrían saber ellos -o cualquier otra persona- que las alertas sobre esos fondos fueron enviadas, o no? Lo que sí sabemos todos es que la UAF es una oficina adscrita a la Presidencia de la República. Entonces, ya saben a manos de quién habrían ido a parar esas alertas en los tiempos de Martinelli. Eso, sin mencionar quién estaba al frente de la UAF en aquel gobierno: una persona que acaba de ser condenada a la pena de 10 años de prisión por cometer peculado por malversación de fondos. El chiste se cuenta solo. Así es tan fácil decir “yo no me he cogido ni un f…ing real”.
