En teoría, el empoderamiento de los gobiernos locales suena idílico: la autodeterminación de las comunidades estableciendo sus prioridades, creando sus propias soluciones y decidiendo sus inversiones, a la par de sus gobernantes… Cuando lo imaginamos, casi podemos escuchar la música instrumental de fondo. En un escenario como ese, ¿qué podría salir mal? Todo, si se agrega a las figuras más conspicuas de esta administración.
Esta semana, el PRD le puso precio a la vida de los pacientes de cáncer. Y ha quedado muy claro: no son tan importantes como los jamones para las fiestas de fin de año, las becas y auxilios del Ifarhu y, por supuesto, la descentralización paralela. Hasta la iluminación de la Navidad de un alcalde comprobadamente inútil cuenta más. Cuando a Gaby Carrizo le preguntaron el pasado viernes si su triunfo en las primarias del PRD costó más de los $8.9 millones que necesita el Oncológico para costear por tres meses el tratamiento de sus pacientes, dijo que eso es “falso”. Con Carrizo estaba Benicio Robinson, para quien resulta lógico que la mayor parte de los $202.4 millones de la descentralización paralela sea entregada a las juntas comunales afines al partido oficialista porque, -como cínicamente recordó- “el que está en gobierno es el PRD”. Y para remate, está Bolota, que hace dos semanas le pedía “cariño” a Gaby: “Tú tienes que inyectarnos recursos para ganar las elecciones… ¡Danos cariño, Gaby!” Estas expresiones son probablemente lo más cercano a una confesión de uso de recursos del Estado con fines políticos, pero el fiscal electoral no se daría por aludido aunque los encontrara cometiendo un delito in fraganti, frente a una multitud.
Estas cosas jamás suceden por arte del azar; al contrario. Cualquiera diría que todo estaba cuidadosamente calculado para que la cisterna de fondos públicos diera inicio a la mojadera justo a tiempo para el periodo electoral. En septiembre de 2020, mientras el país se encontraba sumido en la incertidumbre causada por la pandemia, Carrizo, que entonces era ministro de la Presidencia, ordenó que se desmantelara la Secretaría Nacional de Descentralización y que toda su estructura e instrumentos de gestión fueran asumidos por lo que hoy conocemos como Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Acto seguido, solicitó al MEF que adoptara las medidas para garantizar el funcionamiento y presupuesto propio de la AND. Lo siguiente fue designar a su asistente ejecutivo -Alexander Hepburn- como presidente de la junta directiva de la AND. El objetivo de esa designación era tan claro, que aún después de la partida de Carrizo del Ministerio de la Presidencia se mantiene en ese cargo, con la confianza de aquel que reparte el dinero que no ha tenido que trabajar. Hepburn también es el presidente del Consejo Directivo Nacional (CDN) del PRD, en el 8-3 (el mismo circuito que Crispiano), así que no hay que restarle su propio “mérito” en el asunto. Él está tan poseído de su rol, que cuando recibió una solicitud de información del diputado Juan Diego Vásquez sobre los municipios y juntas comunales beneficiados con la descentralización paralela, ni se inmutó. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Pues, no será la Antai, porque al frente de esa institución pusieron nada menos que a la expareja de Hepburn. ¿Y Cortizo? A él nada le mueve el taburete. Repite “ese tema yo no lo manejo”, en cuanto escucha hablar de la descentralización.
Si el Ejecutivo es el que facilita los fondos a los gobiernos locales y él es el jefe del Ejecutivo, ¿cómo es que no sabe nada? ¿Será que ya le entregó el bastón de mando a Carrizo?
