Hay ocasiones en que la Asamblea parece el cadáver de un animal arrollado. Cuando su fetidez nos hace pensar que no hay nada más maloliente, entonces revienta y su interior nos revela que la podredumbre es mayor.
Esta semana, la pestilencia alcanzó nuevos niveles en la Comisión de Presupuesto, donde los buitres legislativos dejaron ver que no tienen inconveniente en seguir engullendo las presas del poder. Y como les resulta estimulante el olor a descomposición, ni siquiera guardan las apariencias o se cuidan del qué dirán.
En los últimos cinco años, desde el 1 de julio de 2018, la referida comisión ha sido presidida por Benicio Robinson y ya se acomodó para dirigirla por un año más. Le ha importado muy poco que la Corte tuviera que ordenar que se entregara el acta de su anterior toma de posesión del cargo, ante las sospechas de que ese acto riñe con la ley; tampoco le preocupa que tenga varias demandas ante la Sala Tercera, por traslados de partidas irregulares.
Eso sí, el aroma del desempeño de la Comisión de Presupuesto es inconfundible: la información del orden del día es un misterio, los documentos técnicos presupuestarios son inexistentes y la ejecución presupuestaria y de la deuda pública son dos barcos a la deriva.
El rol fiscalizador únicamente se emplea en el “cuartito”, donde es útil para amedrentar a todo aquel que llega a sustentar, o simplemente para decidir a qué entidad favorecen o no con más plata. Por algo son la única instancia en la que sus miembros preguntan descaradamente “qué hay pa’ mí”, y no pasa nada.
La próxima semana, la Comisión de Presupuesto debe entrar a debatir el presupuesto general del Estado correspondiente al año de Hidalgo, es decir, el 2024. La denominación “presupuesto” es tan solo una mera formalidad. En la práctica ha sido convertido en un mapa que muestra el camino a seguir para desviar fondos públicos y lograr compras discrecionales al margen de PanamaCompra.
Para el año que viene, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto un presupuesto de $32,754 millones. Esto es nada menos que $5,175 millones por encima del monto correspondiente a 2023. ¿De dónde van a salir los fondos para semejante derroche? ¿Van a emitir más deuda? En julio de 2019, cuando Cortizo tomó posesión del cargo, el saldo de la deuda pública era de $26,612.4 millones. Cuatro años después, esa cifra es de $45,382.3 millones. ¿A qué bolsillos han ido a parar esa diferencia de casi $20,000 millones? Y todavía tienen el descaro de decir que en el presupuesto de 2024 se han reservado $5,846 millones (18% del total) para el servicio de la deuda pública, “en su gran mayoría que proviene de gobiernos anteriores”. Como ahora parece que aquí mandan Gaby y Benicio, quizá eso de “anteriores” se refiere al periodo en el que sí gobernó Cortizo.
Como el 2024 es un año electoral, prepárense para lo que viene. Aunque aún está por conocerse el detalle de lo que será asignado a cada dependencia estatal, ya se sabe que solo el Ifarhu recibirá $590 millones, lo que representa $169.5 millones más que el monto de este año. Tendríamos que gritar ¡auxilio!, pero no… Eso es precisamente lo que dicen los que ordeñan a esa institución.
