Los talibanes, tras tomar el poder en Afganistán, destruyeron importantes tesoros arqueológicos de la humanidad, no porque estos fueran feos o hicieran daño a alguien, sino porque recordaban una realidad distinta a la que ellos querían imponer. Así, estatuas colosales con 1,500 años de existencia, como los Budas de Bamiyán, fueron dinamitadas y su absurda voladura fue repudiada internacionalmente. Veinte años después, Martinelli (invocando un supuesto derecho al olvido) pretende hacer borrar nuestra historia, ante el temor de que ella pueda afectar sus ambiciones, coartando así el derecho a la libre información de las personas que quieran confrontar su vida, obra y milagros, con recuentos históricos. Por ejemplo, un medio de comunicación no podría ya publicar nada acerca de los perdigones que lanzaron a los que protestaban por la “ley chorizo” en Changuinola; tampoco de los muertos en Colón cuando trató de privatizar la Zona Libre, ni de la desaparición de Vernon Ramos o, en un plano más global, de su detención en Florida, de su designación como corrupto por el Departamento de Estado estadounidense, de las razones por las que no ha ido a Italia -su otra patria- tras dejar el poder o de las coimas pagadas por una empresa de Brasil. Tampoco sobre la captura de sus retoños en Guatemala ni de la detención de los primos en México. Seguramente podríamos llenar páginas con hechos que quiere que la gente olvide y por eso no deben ser mencionados.
La descabellada pretensión no se parece en nada al derecho al olvido. La verdadera figura no requiere borrar información de ninguna parte ni prohíbe su publicación. Lo único que implica es que los motores de búsqueda de internet no arrojen, entre sus resultados más visibles, los enlaces a las páginas que se refieren a aquellos eventos o delitos que, eventualmente, no se pudieron probar. Es un mecanismo excepcional que puede invocar una persona cualquiera y no fue concebido para que un político se mueva en una zona de confort. Lo irónico es que él y los medios que controla son los primeros en referirse a asuntos insustanciales o a delitos no probados. ¿Cómo piensa seguir atacando a Varela, Piscuiro, Kenia y otros? ¡Ah!, es que él no planea que la prohibición pese sobre él. Así trata a los demás: no como personas, sino como objetos de los que puede disponer a su antojo. Si busca un mundo de fantasía en el que nadie recuerde las cosas malas que ha hecho, debería cambiarse el nombre a Barbinelli. Total, las muñecas no tienen pasado.
Pero estas cosas generalmente no se hacen solas: la participación de serviles que se prestan es fundamental. Raúl Pineda, por pura “casualidad”, apareció por estos mismos días con una propuesta para prohibir que bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas, vendedores de automóviles, joyerías y sujetos no financieros regulados tengan prohibido hacer la debida diligencia de sus clientes usando como referencia información divulgada en los medios de comunicación o en las redes sociales. A Pineda sería difícil recordarlo por algo bueno. En los tres periodos que tiene en la Asamblea, ¿ha hecho algo digno de ser nominado a un premio ciudadano? Nada. Esta es la clase de gente que tiene al país como está.
