Si usted disfruta de las intrigas de negociados millonarios que llevan la codicia a niveles que parecen inimaginables en la vida real, no necesita miniseries de servicios como Netflix para entretenerse; puede hacerlo con la transmisión pública de los juicios de corrupción en Panamá.
Los “capítulos” de casos como el de Blue Apple tienen algunos roles y tramas que harían palidecer hasta a la inteligencia artificial que amenaza a los guionistas de Hollywood. O quizá no tanto. Por ejemplo, es inexplicable que un contratista diga que nunca imaginó que le pedirían pagar una coima, cuando el gobierno de aquella época estaba bajo el mando de un sujeto con una reputación que le antecedía. El problema ahora es que estas miniseries ya tienen su propio spin-off: las elecciones.
¿Qué sucederá si la gente vuelve a simpatizar con este personaje en mayo de 2024? Pues podríamos tener nuevas “temporadas” de casos de corrupción, en los que el personaje estelar tendría un perfil renovado: ahora está condenado (en primera instancia) por blanqueo de capitales, designado corrupto por un gobierno extranjero y enjuiciado próximamente en la versión local del principal caso de coimas de la historia del continente. Incluso, algunos de sus “familiares cercanos” -ahora exconvictos- confesaron que él los indujo a delinquir.
Pocas cosas podrían ser más contundentes. Lo más truculento es que como el verdadero responsable de todo esto ha tenido 10 años para perfeccionar el atraco y los procesos judiciales de New Business, Blue Apple, Odebrecht y hasta el de los pinchazos han revelado los errores incurridos en el saqueo anterior, esta vez los capítulos prometen adaptaciones, con cifras más elevadas y entramados de soborno más sofisticados y complejos. Pero así como la producción no ha perdido el tiempo todos estos años, para el país ha sido una década desperdiciada, porque la estructura para delinquir está intacta.
La ley de contrataciones públicas no solo no inhabilita a las empresas investigadas por actos de corrupción, sino que ni siquiera se ha incorporado la obligación de que los contratistas de las grandes obras de infraestructura tengan sistemas de gestión antisoborno.
Las empresas que confesaron haber enviado fondos a la cuenta de Blue Apple jamás dejaron de hacer negocios con el MOP, mientras, otros protagonistas de este caso fueron condenados pero siguen detentando cargos en nombre del país: Rica y Kike son elegibles para gozar de los privilegios de un parlamentario, como la importación de automóviles libre de impuesto, placas oficiales, pasaporte diplomático… solo les falta tener una planilla de promotores deportivos.
No podían faltar los artistas invitados, para aportar más drama a la producción. La Presidencia, a través de la Antai, promueve un proyecto que deroga la Ley de Transparencia de 2002 y la reemplaza por una norma adaptada a sus necesidades: menos acceso a la información pública, menos rendición de cuentas y un puñetazo para aquellos que se atrevan a levantar el velo sobre los fraudes y negociados que tantos millones le han costado a este país. Tomando en cuenta que la fiesta se les acaba en 10 meses, seguramente este proyecto de ley lo están haciendo para alguien más. El electorado debe prestar atención a las futuras alianzas electorales que concerten los que están detrás de esta propuesta. Ahí sabremos para quién están legislando.
