Como avatares en el metaverso. Así han debido sentirse los periodistas que acompañaban al presidente en Mariato, el pasado viernes, cuando lo escucharon renegar del proyecto que deroga la ley de transparencia de 2002.
“Yo, personalmente, no tengo ningún problema con la ley como está”, dijo Cortizo. Pues, si no tiene problema con eso, lo disimula muy bien, porque basta dar un vistazo a la exposición de motivos del proyecto de ley 1031, para constatar que quien lo presentó a la Asamblea Nacional fue el propio ministro de la Presidencia, José Simpson, el 27 de abril pasado.
Pero la candidez de esa contradicción es comprensible: al mentir tantas veces, seguramente se tornan borrosos los límites entre lo cierto y lo falso. Y aunque lo dicho por el mandatario podría parecer tan solo una mentira más, algún motivo poderoso debe tener para tratar de engañar al país con un dato tan fácilmente verificable como ese. ¿Será que al presidente se le está saliendo el cobre? Quizá en el contrato acordado con la minera de Donoso esté la razón de este señalamiento.
El artículo quincuagésimo de ese documento permite que (a solicitud de la concesionaria) la información sobre la composición accionaria y del grupo económico al que pertenece la sociedad Minera Panamá (filial de First Quantum) sea clasificada como de acceso restringido, “de acuerdo con las disposiciones sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos”.
Actualmente, eso ahora sería imposible, ya que bajo la Ley 6 de transparencia, los funcionarios solo pueden restringir el acceso a información de agentes del Estado o de instituciones públicas. Ahora intentan hacer un batido en el que la información privada se pueda convertir en “información reservada” y, lo que es mucho peor, pueda ser clasificada así a instancias de una empresa.
¿Cómo sabremos si algún político o exfuncionario se ha convertido en accionista de la minera? Además, ya se ha hablado de que hay al menos tres Estados extranjeros que tendrían participación accionaria en First Quantum: China, Corea del Sur y Singapur. Marcel Salamín, quien representó al Estado en la comisión negociadora sobre este contrato y renunció al poco tiempo, dijo en el programa En perspectiva de Omega Stereo que solo “China tiene el 39.99% del paquete accionario de First Quantum… Los tres Estados juntos tienen la mayoría del paquete accionario”. Esto chocaría frontalmente con lo que dictan la Constitución y el Código de Recursos Minerales.
Por otro lado, mientras la Ley 23 de 2015 (sobre prevención de blanqueo) señala que las empresas que comercializan metales preciosos son sujetos obligados no financieros -y, por ello, deben revelar todo acerca de todo-, a una minera presumiblemente controlada por Estados extranjeros se les regala un antifaz legal, para protegerlos de las miradas inquisitivas de los ciudadanos.
Parece que toda esta polémica no se resume exclusivamente a un contrato sobre minería: se trata de la venta del país. Y eso que tenemos más de un siglo hablando de Buneau-Varilla. ¿Acaso nos vamos a pasar otro siglo lamentándonos, esta vez sobre la leche (condensada) derramada?
Entonces es este doble estándar donde encaja la modificación a la ley de transparencia. Tienen que demolerla, porque algunas disposiciones del contrato con la minera están condicionadas al contenido de la Ley 6 de 2002. ¿Acaso los accionistas de la mina son más importantes que 4.1 millones de panameños? Ojalá esta historia no termine en un error gramatical y estemos hablando de “cobre” y no de “cobré”.
