Si usted siente que no hay un combate efectivo contra la corrupción en nuestro patio porque Panamá es, como se dice constantemente, el país donde nunca ocurre nada, sepa que ya hay alguien dispuesto a castigar al servidor público que se vale de su puesto para llevarse una buena tajada del negocio ajeno y abusar de su cargos para obtener beneficios indebidos.
El pasado 22 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Prevención de la Extorsión Extrajera (FEPA, por sus siglas en inglés), dando un gran paso para combatir el pago de sobornos fuera de sus fronteras. Lo novedoso no es la capacidad de perseguir a ciudadanos o empresas estadounidenses involucrados en prácticas corruptas (en el ámbito local, los mejores ejemplos serían PECC y SAP), ya que existe la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Lo realmente innovador, y absolutamente necesario, es que los funcionarios corruptos de gobiernos extranjeros que soliciten o acepten sobornos enfrenten consecuencias similares a las de sus contrapartes en el sector privado estadounidense. Según Biden, el combate a la corrupción es una de las prioridades de su administración, con la diferencia de que allá, si dicen que es un objetivo prioritario, las autoridades actúan en consecuencia. En cambio, si lo dicen aquí, seguramente están incurriendo en las mismas prácticas que dicen que están combatiendo. ¿Cuáles serían las sanciones para los infractores de la FEPA? Se impondrán multas de hasta tres veces el valor del soborno y prisión de hasta 15 años, sin que la aplicación de una pena excluya necesariamente la otra. Lamentablemente, en Panamá, que sería un terreno fértil para la aplicación inmediata de esta norma, las compañías estadounidenses dejaron de realizar inversiones significativas, al menos desde hace tres administraciones pasadas. Prácticamente había una tarifa establecida para cualquier persona que quisiera iniciar un negocio que dependiera de una concesión o autorización estatal, además de la arraigada práctica del gobierno de no pagar a los proveedores en tiempo y forma. ¿Ya ven por qué es importante escoger buenos gobernantes en las urnas? ¿Será que esto le quita las ganas de correr a alguno?
Los diputados se asemejan a los forajidos del Viejo Oeste: nunca se sabe por dónde saldrán para asaltar la diligencia. Basta con ver el atraco al presupuesto general del Estado. Han modificado el proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, arrogándose la facultad de aprobar o rechazar traslados de partida “de cualquier monto”, así como para asignar gastos de representación a alcaldes y representantes de corregimiento. El propio Raúl Pineda admitió descaradamente que estas maniobras buscan darle a la Asamblea un mayor “control”. Con esto, han legitimado la usurpación u omisión de una función pública, al ceder parte de la administración del Estado a la Asamblea. ¿Cuándo dejará el panameño de preocuparse solo por quién le puede robar en una esquina y se ocupará de los delincuentes ensacados que le roban millones?
