Hace un mes, cuando Ricardo Martinelli todavía no había sido formalmente inhabilitado como candidato presidencial, José Raúl Mulino advirtió que haría lo posible por “ayudar” al expresidente convicto.
“Significa que si usted llega a ser presidente de la República, ¿no permitirá que el señor Martinelli cumpla esa condena de 10 años y 8 meses de cárcel?”, le preguntó la periodista Dorcas de la Rosa, en una entrevista el pasado 19 de febrero.
“Lo voy a ayudar”, respondió Mulino.
“Que, traducido, es que no la va a cumplir…”, insistió la periodista.
“Sí, exacto”, contestó.
Luis Eduardo Camacho parece darnos un anticipo de lo que sería esa “ayuda”. No se trata de una ley de amnistía, un indulto presidencial ni un salvoconducto para viajar a Nicaragua. Martinelli ahora quiere un nuevo juicio. Es decir, un “new” juicio para “New Business”, que se daría tras la elección de un “new” presidente. Los mismos que han entonado la letanía de una supuesta politización de la justicia, en realidad están intentando la judicialización del proceso electoral, teniendo como dogma que todo lo que es conveniente para sus intereses más mezquinos, debe suceder. Hasta hace poco sostenían que el Tribunal Electoral no debía inhabilitar la candidatura de un lavador de dinero, sino mantenerla en la papeleta, para que el pueblo decidiera, burlando abiertamente la Constitución. Algo así como cuando Pilatos le preguntó al pueblo a quién debía liberar: a Jesucristo o a un criminal llamado Barrabás. Y lo que pasó después parece estar muy en línea con el “new” testamento, según Camacho. Pero eso no es lo más insólito que esta gente se ha inventado. Camacho sostiene que un recurso de revisión “tumbaría” la sentencia que condenó a Martinelli. Ese tipo de recurso sólo se puede presentar contra sentencias condenatorias ejecutoriadas. Entonces, ¿por qué actúan como si ese recurso fuera una tarjeta de Monopoly para evitar la cárcel, pasar por “go” y cobrar $200? Porque solo necesitan que una “new” asamblea dicte una ley más benigna, para que su aplicación sea invocada mediante la revisión y, si los “new” jueces absuelven al condenado, este podría exigir hasta una indemnización a magistrados, jueces, fiscales, denunciantes, peritos e, incluso, testigos. En otras palabras, en un “new” gobierno, un delincuente con una billetera gorda y suficiente poder político podría arreglárselas para que nadie lo pueda tocar y arrollar a todos en el camino.
Poco le importa a Camacho que ese tren ya haya pasado: hubo dos fallidos intentos de anular el juicio del caso New Business mediante incidentes de nulidad, que fueron rechazados por improcedentes por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Cada día queda más claro que no están promoviendo la candidatura de Mulino para que sea el próximo presidente de Panamá, sino para que ejerza como testaferro. Si se salen con la suya, no sería de extrañar que luego se las traten de arreglar para, de todos modos, meter a Martinelli en el Palacio de las Garzas. Después de todo, quizá la cercanía con cierta embajada pueda facilitar conocimientos acerca de cómo desfigurar una Constitución con fines de reelección.
