Zulay Rodríguez se ríe del país y de su sistema de justicia. Ella, mientras sea diputada, debe ser procesada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, sin que para esto se requiera la autorización de nadie. Así de claro lo dice el artículo 155 de la Constitución. Si no hay duda sobre quién tiene la competencia para procesar a la diputada por supuestamente apropiarse de unas láminas de oro, entonces, ¿por qué la magistrada Ariadne García -en funciones de juez de garantías- habría de abstenerse de emitir una decisión al respecto? Pues porque pareciera que es Rodríguez quien -por el momento- controla las circunstancias que permiten avanzar esa causa: por un lado, está su abogado diciéndole a la Corte que ella renunció a su curul, y por el otro, la comisión legislativa de Credenciales no divulga una simple nota donde conste que está enterada de esa decisión. Que esa nota no haya sido revelada no significa que no exista y, si eso es así y la Corte procesa a Rodríguez, podría viciar el caso y provocar su posterior nulidad. De ese modo, los presuntos “enemigos” de Rodríguez, Raúl Pineda y Benicio Robinson -que controlan la Comisión de Credenciales- estarían facilitando este clima de incertidumbre y, aunque de vez en cuando intercambien insultos, podrían estar más concertados (casualidad o no) de lo que parece. Así se ha creado una suerte de impasse que podría extenderse hasta mayo, permitiéndole a ella evadir el juicio en la Corte y sus posibles consecuencias electorales. Lo que es peor: podría esperar a ver si el resultado del 5 de mayo le da alguna oportunidad de dar un giro al proceso judicial. Después de todo, a Rodríguez se le investiga no por la “pérdida” de 66 kilos de algodón, sino de oro puro y duro, lo que podría convertir este caso en un imán para actos que riñen con la justicia.
Esta semana, Panamá recibió la visita de Richard Nephew, coordinador para Asuntos Globales Anticorrupción del Departamento de Estado estadounidense. Según una nota de prensa de la embajada de Estados Unidos, Nephew aseguró que su país seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas, lo que incluye las “restricciones y revocaciones de visados a funcionarios gubernamentales, incluidos los electos”. De Javier Caraballo no se puede sospechar, porque no es electo y, además, fue el único que divulgó fotos de su reunión de trabajo con Nephew. Electos son el presidente y vicepresidente de la República, los diputados, los alcaldes y los representantes. Entre esos, hay varios que uno se imaginaría que no pueden faltar en la lista que se rumora que viene bajando. Parece que algunos deben ir preparándose para que en el aeropuerto les digan “¡no vas!”
