¿Han notado que Zulay Rodríguez siempre culpa de su infortunio a los demás? Varela, Freddy Humbert, Jorge Quijano, Copa, Benicio Robinson, Gaby, el diario “de la 12 de octubre”… la lista es larga. Pero, como ningún truco es infalible, parece que ha llegado el día en que ya no puede echarle la culpa a otros y, aunque el silencio es oro, le ha tocado salir a explicar su rol en uno de sus líos más famosos: el que tuvo con José Luis Penagos. Como la mentira puede ser un hábito muy difícil de dejar, también es un arte. ¿Por qué no aprovecharlo y tejer unas cuantas historias sobre el proceso que se le sigue por la apropiación de 66 kilos de oro? Repasemos tan solo algunas de sus afirmaciones de la última semana y veamos si eso es lo que sucede.
Rodríguez dijo que su caso estaba “cerrado”, pero fue reabierto en cuanto presentó sus papeles como candidata por la libre postulación. Sin embargo, mal podría alguien cerrarle un caso que aún no había sido abierto, ya que el proceso de recolección de firmas de los aspirantes a la libre postulación empezó el 15 de agosto de 2022 y la denuncia de la familia Penagos fue admitida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia cuatro meses después, el 15 de diciembre de 2022.
Dijo que el Tribunal Electoral se ha “prestado para esta porquería”. ¿Se referirá a los 11 meses que tardaron en suspenderle el fuero electoral penal, después de la admisión de la denuncia? En realidad, debieron removerle ese blindaje con la misma rapidez que a los demás.
Dijo que las magistradas Ariadne García y María Cristina Chen (designadas como juez de garantías y fiscal en el caso de los lingotes) acostumbran a programarle todas sus audiencias el mismo día que hay un debate presidencial. Esa es una falacia de las buenas, porque nadie anda por ahí con las fechas en la mano. Pero, si se fijan, desde que inició la campaña electoral se han celebrado cuatro debates y solo aquel que se celebró el pasado miércoles 3 de abril coincidió con una de las fallidas audiencias de imputación. Además, el 26 de julio de 2023 hubo una audiencia de control y tampoco apareció. Y aún no había campaña.
Dijo que el diputado Raúl Pineda había anunciado su conducción y arresto en caso de no comparecer en la audiencia programada para el miércoles pasado. Lo que realmente dijo Pineda es que es el pleno de la Corte el único con competencia para autorizar la conducción de un miembro de la Asamblea.
Dijo que las magistradas instaron a las partes a llegar a un acuerdo para así “cerrar” el caso, pero, si eso es así, ¿por qué la que actúa como juez de garantías se lo rechazó? La verdad es que para que se dé la resolución alterna de un conflicto, el Código Procesal Penal -en sus artículos 280 y 281- requiere que la investigación formal haya comenzado, pero su caso no ha llegado a esa fase, precisamente porque ella no acude a las audiencias para que le imputen los cargos. Entonces, ¿de quién es la culpa que no haya acuerdo?
Dijo, sin temblor en la voz, que la Corte no tiene competencia para procesarla, porque ella renunció como diputada. Pero a las mismas magistradas cuya autoridad dice repudiar, ahora les pide que le cierren el caso.
Dijo que en el Ministerio Público ya aceptaron el acuerdo de desistimiento y “mandaron a archivar el caso” que, por estos mismos hechos, se le sigue a su esposo y a su exsocio. Pero cuando se le pregunta por el monto que recibirán los Penagos, señala que esa cantidad “no la hemos concretado”. Entonces, ¿qué clase de acuerdo reparatorio iban a presentar?
Y por último, dijo que las magistradas le han dicho “que me van a meter presa” y que por eso no acude a las audiencias. Más bien, parece que se burla de sus señorías, para agotar su paciencia y que ordenen su conducción, y así martirizarse como una perseguida.
Después de todo, tal vez habría sido más corta la lista de sus verdades.
