Panamá acaba de acoger a varios líderes políticos, empresariales y financieros de la región durante la reciente Cumbre de la CAF, que contó con la participación de varios presidentes y expresidentes latinoamericanos, confirmando el papel del país como plataforma estratégica para el desarrollo, la inversión y la integración regional. Este posicionamiento, sin embargo, trae consigo una responsabilidad clave: asegurar que la infraestructura crítica nacional esté protegida bajo estándares modernos de gobernanza, cumplimiento y gestión de riesgos.
Puertos, logística, energía, telecomunicaciones y sistemas digitales no son activos ordinarios. Su adecuada gestión impacta directamente en la competitividad del país, la seguridad nacional y la credibilidad internacional. En un entorno global cada vez más expuesto a riesgos legales, cibernéticos, reputacionales y operativos, la ausencia de marcos claros y exigencias modernas puede traducirse en vulnerabilidades innecesarias.
Desde una perspectiva de compliance, la lección es clara: cuando los activos críticos no se identifican ni se gestionan adecuadamente, aumentan los riesgos de contratos vulnerables, litigios, incertidumbre jurídica y deterioro de la imagen país. Esto afecta la atracción de inversión responsable, justo cuando Panamá busca consolidarse como un destino confiable para proyectos estratégicos de largo plazo.
En ese contexto, el anuncio de la próxima apertura del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) gubernamental es un paso positivo hacia el fortalecimiento de la ciberseguridad nacional. No obstante, la protección de la infraestructura crítica no puede limitarse exclusivamente a lo tecnológico. Requiere un enfoque integral que combine tecnología, regulación, prevención y cultura de cumplimiento.
Esto implica contar con:
leyes claras y actualizadas;
procesos de debida diligencia reforzados;
transparencia contractual;
mecanismos efectivos de control preventivo; y
estándares internacionales de integridad y lucha contra la corrupción.
De cara al futuro, sería una buena práctica que las licitaciones de infraestructura crítica incorporen como criterio la exigencia de que los participantes cuenten con certificaciones internacionales en sistemas de gestión antisoborno, reconocidas globalmente. Este tipo de requisitos no excluyen la competencia; por el contrario, elevan la calidad de los procesos, reducen riesgos reputacionales y fortalecen la confianza en las decisiones públicas.
La experiencia internacional demuestra que los países que adoptan estándares modernos para la gestión de su infraestructura crítica no solo reducen su exposición a desastres naturales, accidentes o ciberataques, sino que también mejoran su posición en evaluaciones internacionales, refuerzan su institucionalidad y generan un entorno más atractivo para la inversión responsable.
Panamá tiene hoy una oportunidad estratégica: convertirse en un modelo regional de infraestructura crítica segura y resiliente, alineando crecimiento económico con integridad institucional. Invertir en marcos regulatorios modernos no es una carga, sino una ventaja competitiva que protege el interés público, fortalece la seguridad jurídica y consolida la reputación del país.
La infraestructura crítica no solo sostiene la economía nacional; sostiene la imagen de Panamá ante el mundo. Protegerla con reglas claras, enfoque preventivo y estándares internacionales de cumplimiento es una obligación del Estado y una decisión inteligente para el futuro.
El autor es presidente del World Compliance Association, capítulo Panamá.
