En una columna anterior abordé el estado de vehículos, mobiliario, equipos e instalaciones públicas que se han deteriorado por falta de mantenimiento, reparaciones, repuestos, control y decisiones oportunas. Son bienes pagados con recursos de todos que han perdido utilidad mientras la población continúa necesitando los servicios que debían prestar.
Ahora corresponde mirar otra parte del problema: lo que se compra y permanece guardado; lo que se recibe sin estar listo para instalarse; lo que deja de utilizarse por una falla reparable; y lo que espera durante meses una revisión técnica, una pieza, conectividad o una decisión administrativa.
La ciudadanía escucha con frecuencia: “No podemos atenderle porque el equipo está dañado”, “No hay conexión a internet” o “El sistema está fuera de servicio”. Detrás puede existir una avería reciente, pero también una reparación no gestionada, una garantía sin reclamar, una pieza pendiente o una solicitud técnica a la que nadie dio seguimiento.
La advertencia también llega de la región. En marzo de 2026, la Contraloría General del Perú informó que equipos médicos y una ambulancia permanecían sin uso desde hacía más de tres años en el Centro de Salud de Cauri. En junio de 2026, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico reportó deficiencias en el registro, la custodia y la utilización de equipos de telemedicina en el Recinto de Ciencias Médicas. Ante estos casos, ¿qué revisiones se realizan en Panamá y dónde pueden consultarse sus resultados?
La contratación pública panameña se rige por el Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, y por el Decreto Ejecutivo 439 de 2020, modificado por el Decreto Ejecutivo 34 de 2022. Los estudios previos determinan la necesidad, analizan las condiciones del mercado y sustentan el pliego de cargos. Antes de comprar, cada institución debe establecer qué problema resolverá, dónde funcionará el bien, qué condiciones requiere, quién lo operará y cuánto costarán su instalación, capacitación, garantía, mantenimiento, repuestos, insumos y licencias. El pliego debe responder a una necesidad real y sustentarse en estudios de mercado que consulten a varios proveedores, sin favorecer marcas particulares ni redactar especificaciones dirigidas a un solo oferente.
Después vienen la selección del contratista, la adjudicación, la formalización, el refrendo, cuando corresponda, y la ejecución. Pero la adjudicación no demuestra que el bien haya sido entregado, instalado ni puesto en servicio. Recibir una caja tampoco equivale a recibir una solución. En equipos especializados, la recepción exige personal técnicamente competente que verifique que lo entregado está completo, corresponde a lo contratado y puede funcionar en las condiciones previstas. El acta de aceptación final acredita la recepción, no que el equipo continúe utilizándose correctamente meses después.
¿Y qué ocurre cuando ese seguimiento no existe? La estructura modular levantada en Albrook durante la pandemia lo ilustra sin ambigüedades: en 2025 quedó documentada, con imágenes de la propia estructura abandonada y cubierta de maleza. Una obra pública no puede quedar a merced del tiempo sin una decisión sobre su conservación, recuperación o aprovechamiento. Permitir que una inversión continúe perdiendo utilidad y valor ocasiona, tarde o temprano, un perjuicio al patrimonio público.
Cada administración tiene la obligación de conocer y cuidar, desde el momento en que los recibe, los bienes que quedan bajo su responsabilidad: ubicarlos, comprobar su estado, identificar a sus custodios, revisar garantías y mantenimientos pendientes, y determinar cuáles están instalados, averiados, subutilizados o almacenados. Una garantía vencida sin haberse reclamado representa, en la práctica, un costo ya pagado que la institución decidió no recuperar. No se trata de un ejercicio burocrático, sino de proteger lo que existe hoy mientras todavía puede recuperarse.
Esa revisión, administrativa y técnica, debe responder preguntas concretas: ¿cuántos equipos están fuera de servicio?, ¿desde cuándo?, ¿quién reportó la falla?, ¿qué gestiones se hicieron?, ¿qué respondió el proveedor?, ¿qué reparación, pieza, licencia o autorización sigue pendiente? También debe identificar cuántos equipos esperan una inspección porque no se tramitaron el transporte o los viáticos del personal técnico. Una dificultad administrativa puede explicar una demora; no debería justificar meses o años de inactividad.
El seguimiento tampoco termina cuando el equipo enciende. Falta comprobar que se utiliza de manera correcta, constante y para la finalidad que justificó su compra. Cada bien merece una hoja de vida que registre su ubicación, custodio, instalación, garantía, mantenimientos, reparaciones, visitas técnicas y períodos de inactividad. Los inventarios, por sí solos, no sustituyen la inspección física. Depósitos, almacenes, talleres, hospitales, centros de atención, escuelas y oficinas deben revisarse periódicamente. Cada bien sin instalar, fuera de servicio o subutilizado exige una explicación documentada y una decisión: ponerlo en funcionamiento, repararlo, trasladarlo o determinar las responsabilidades correspondientes.
La finalidad de una compra pública no es completar un expediente ni llenar un depósito. Es resolver una necesidad y mantener disponible el servicio que la población espera.
¿Cuántos bienes públicos permanecen hoy sin una inspección física reciente? ¿Cuántos servicios se niegan porque un equipo, la conectividad o el sistema están fuera de servicio? ¿Y quién asumirá la responsabilidad cuando una falla que pudo corregirse a tiempo se convierta en una pérdida que el país ya no pueda recuperar?
La autora es docente.
