La reciente experiencia de Innkind FIEd LATAM me dejó una convicción más profunda: la educación superior ya no puede seguir conversando solo consigo misma. En las discusiones con rectores, expertos, empresas, autoridades y líderes de distintos países quedó claro que la inteligencia artificial no llegó simplemente a cambiar herramientas; llegó a cuestionar la forma en que decidimos, evaluamos y confiamos.
Por eso me resultó tan significativo leer la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV. Aunque el documento se enfoca en la custodia de la persona humana en tiempos de inteligencia artificial, sus principios tocan directamente uno de los debates más urgentes de nuestra educación superior: la transparencia.
La encíclica plantea que el poder tecnológico no puede ser opaco ni unilateral; que los datos no deben quedar exclusivamente en manos privadas; que debe existir rendición de cuentas; y que las comunidades, universidades y cuerpos intermedios no pueden ser simples destinatarios de decisiones tomadas por otros. En el fondo, propone algo muy sencillo y profundamente democrático: cuando una decisión afecta la vida de las personas, esa decisión debe poder comprenderse, cuestionarse y fiscalizarse.
Trasladado a la educación superior panameña, el mensaje es evidente. Si una universidad forma médicos, docentes, abogados, ingenieros, administradores o profesionales que luego inciden en la vida pública, económica y social del país, la sociedad tiene derecho a conocer evidencia sobre esa formación.
Los recientes cuestionamientos alrededor de la UNACHI, las discusiones sobre los resultados de los exámenes de medicina y las dudas recurrentes sobre si la acreditación realmente está conectada con la calidad nos obligan a mirar más allá del escándalo puntual. Cada caso tiene su complejidad, pero todos revelan una misma fragilidad: no contamos con sistemas de información suficientemente abiertos, comprensibles y comparables que permitan a la ciudadanía sacar sus propias conclusiones.
Y cuando no hay datos abiertos, el vacío lo ocupan los relatos.
Unos defienden, otros atacan, otros relativizan. Pero el ciudadano común queda atrapado entre comunicados, opiniones, sospechas y titulares. Eso no fortalece la confianza pública. La debilita.
En Panamá tenemos una experiencia que muestra lo contrario: los exámenes de certificación en medicina. No son perfectos, pero ofrecen algo que casi no existe en otras áreas: resultados visibles, comparables y discutibles. Allí se acaban muchos relatos. Cuando una institución obtiene buenos resultados, se reconoce. Cuando los resultados son bajos, se pregunta qué está pasando. Esa conversación puede ser incómoda, pero es necesaria.
¿Por qué no tenemos algo equivalente para otras profesiones? ¿Por qué no sabemos con claridad cómo se desempeñan los egresados por área, institución, territorio y trayectoria? ¿Por qué la sociedad no puede consultar, de manera sencilla, tasas de graduación, empleabilidad, resultados de aprendizaje, movilidad social, investigación, acreditación, deserción, actualización docente y relación con el sector productivo?
No se trata de construir rankings para humillar a nadie. Se trata de construir sistemas de información para mejorar.
La acreditación, por sí sola, ya no es suficiente si no se conecta con evidencia pública de resultados. Una institución puede cumplir procesos, llenar informes y aprobar evaluaciones, pero la pregunta de fondo sigue siendo otra: ¿qué está pasando realmente con sus estudiantes y egresados?
La calidad no debería ser una declaración institucional. Debería ser una conversación pública basada en evidencia.
Esto implica también reconocer el rol de los medios de comunicación. Los medios no solo informan escándalos; pueden convertirse en actores clave de fiscalización democrática si cuentan con datos abiertos, claros y verificables. Pero para eso necesitamos sistemas públicos de información educativa que no dependan de filtraciones, coyunturas o crisis. Necesitamos transparencia por diseño.
También necesitamos un consenso nacional sobre hacia dónde queremos dirigir la educación superior. No basta con decir que queremos “calidad”. ¿Calidad para qué? ¿Para empleabilidad? ¿Para investigación? ¿Para productividad? ¿Para innovación? ¿Para movilidad social? ¿Para desarrollo territorial? Sin esa conversación, cualquier sistema de datos corre el riesgo de medir mucho y orientar poco.
Sin embargo, sería un error pensar que esta responsabilidad pertenece únicamente a gobiernos, universidades o agencias de acreditación. La inteligencia artificial nos está mostrando que la gobernanza empieza también en cada persona.
Como docente universitaria que forma formadores y como líder de equipos de trabajo, debo confesar algo que me ha sorprendido profundamente: la facilidad con la que muchas personas están presentando información que no han interpretado. Y, en ocasiones, ni siquiera han leído.
No hablo solo de estudiantes. Lo veo en profesionales, en equipos técnicos, en personas con responsabilidades de liderazgo. Recibimos una respuesta generada por inteligencia artificial y la reenviamos. Nos piden una opinión y entregamos un resumen.
Nos solicitan una propuesta y respondemos con un texto que suena bien, pero que nunca pasó por nuestro criterio.
La pregunta no es tecnológica. Es humana.
¿Qué estamos decidiendo cuando dejamos de pensar?
Cada vez que entregamos un documento sin contrastarlo con nuestra experiencia, cada vez que presentamos una idea sin preguntarnos si estamos de acuerdo con ella, estamos definiendo cómo queremos ser reconocidos por nuestros estudiantes, compañeros, jefes y equipos.
¿Queremos ser reconocidos como personas que aportan criterio o como simples transmisores de información? ¿Como líderes que ayudan a pensar o como profesionales que delegan su juicio? ¿Como docentes que forman pensamiento crítico o como usuarios veloces de una herramienta?
Mientras esperamos que alguien regule la inteligencia artificial, millones ya la usan a diario. Y estamos cayendo demasiado rápido en la comodidad de que piense por nosotros.
Por eso, la transparencia educativa y la responsabilidad individual son parte de la misma conversación. Necesitamos datos abiertos para fiscalizar la calidad. Pero también necesitamos ciudadanos capaces de leerlos, interpretarlos y cuestionarlos.
Porque, al final, tanto en educación como en inteligencia artificial, el verdadero riesgo no es que las máquinas piensen.
El riesgo es que nosotros dejemos de hacerlo.
La autora es especialista en innovación educativa y transformación institucional- CEO de SénecaLab.
