La 27ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en Sharm El-Sheikh, Egipto, se perfiló como una gran oportunidad para los Estados de concretar acciones frente al inminente cambio climático, degradación del medioambiente y desastres naturales a nivel mundial.
Durante la misma, se puso sobre la mesa, la responsabilidad histórica de algunos Estados con relación a la contaminación y afectación medioambiental, la creación de un marco solidario entre los Estados para apoyar los países más pobres y en vías de desarrollo, y la necesidad de abordar este fenómeno mundial, con enfoque en la movilidad humana.
El enfoque en la movilidad humana ha sido plasmado en diferentes instrumentos internacionales, como el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular; sin embargo, todavía existe una gran necesidad de desarrollar y ejecutar políticas públicas por parte de los Estados, para lograr un abordaje integral y sostenible frente a las migraciones climáticas. Esto incluye la prevención, la protección y la asistencia durante el desplazamiento y, sobre todo, la creación y adaptación de vías migratorias regulares para esta población.
Nuestro país no escapa de esta realidad y ha tenido que hacer frente a las amenazas constantes del cambio climático y los desastres naturales. Somos el país con el primer desplazamiento humano de América Latina debido al cambio climático.
También hemos sido afectados, directa e indirectamente, por diversos desastres naturales como lo son los huracanes Otto, Nate, Eta e Iota e inundaciones, principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, generando desplazamientos internos, temporales y permanentes, a otras áreas más seguras y estables del país.
A nivel internacional, se han registrado desplazamientos hacia nuestro país, como país de tránsito y como país de destino, producto de los desastres naturales causados en países de origen como Haití, Pakistán, Guatemala y Nicaragua. En cambio, la totalidad de las migraciones generadas por las afectaciones directas e indirectas del cambio climático son mucho más complejas de identificar por su asociación e interrelación con otras causas de la migración, como lo son la pobreza y el desempleo.
De acuerdo con los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2021 hubo 23.7 millones de personas desplazadas por desastres naturales, de los cuales 22.3 millones estuvieron vinculados a fenómenos meteorológicos como tormentas, sequías e inundaciones.
Por otro lado, el Banco Mundial ha señalado que, de no lograr establecer acciones concretas, viables y sostenibles para mitigar los efectos del cambio climático, en el 2050 habrá al menos 216 millones desplazamientos internos. Esto, sin contar con los desplazamientos internacionales que pudiesen generarse por la misma causa.
Panamá, como país en vías de desarrollo y entiendo la complejidad de sus fronteras y su gestión en contexto de emergencia y crisis, debe propiciar el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de los países desarrollados, organismos internacionales y organismos financieros internacionales, con capacidad de aportar, a nivel técnico y económico, a la resiliencia del país frente al cambio climático y la transformación hacía un país sostenible.
Muestra de la importancia y alcance de la cooperación internacional en Panamá es, por ejemplo, el desarrollo del Centro de Datos Copérnico, en alianza con la Unión Europea, el cual permitirá detectar y compartir información con la región Centroamericana y el Caribe en temas relaciones con el medioambiente y la respuesta temprana ante los desastres naturales.
Para continuar desarrollando proyectos como el mencionado no solo se requiere de una voluntad política y emperejilados discursos, sino también del establecimiento de políticas públicas y acciones concretas que garanticen transparencia y trazabilidad en la gestión gubernamental y manejo de fondos públicos. Es decir, la captación de fondos internacionales está directamente relacionada a nuestra capacidad de garantizar la eficacia y transparencia con el manejo de dichos fondos.
Adicionalmente, es imperativo lograr planes y estrategias estatales a largo plazo en la materia, sin que estos sean afectados cada quinquenio por el gobierno de turno, de tal forma que la percepción internacional sea de estabilidad, confianza y responsabilidad frente a la mitigación del cambio climático, degradación del medioambiente y prevención de desastres naturales.
Finalmente, reforzar la planificación, prevención y contingencia nacional frente a los desastres naturales es vital para salvar vidas de panameños y extranjeros, reducir las afectaciones económicas y mitigar los desplazamientos internos forzados de nuestra población.
La autora es abogada especialista en temas migratorios.
