Entre los miles de problemas que debe afrontar el presidente electo de todos los panameños y panameñas, así como de los extranjeros que viven en el país, está de manera fundamental lo relativo a un cambio en la Constitución Política, ya sea por medio de una asamblea constituyente o reforma constitucional profunda. Sin embargo, este tema es muy complejo, lo que hace algo incomprensible a una gran parte de la población que concentra su interés a las necesidades de corto y mediano plazo, como es el acceso a agua potable, la obtención de trabajo, la crisis de la Caja de Seguro Social, etc.
Independientemente de los obstáculos y dificultades para establecerse una asamblea constituyente -paralela-, consagrada en el artículo 314 de la Constitución, ya sea por la búsqueda de firmas o simplemente por la falta de voluntad política, es impostergable que Panamá tenga un nuevo marco jurídico que brinde la certeza de acabar con la corrupción y la impunidad, con el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones y autoridades, cuya experiencia de funcionamiento han demostrado tener cierta debilidad desde sus orígenes, ya sea su estructura estatal o para el caso de los funcionarios, en la forma de designarlos o de separarlos, incluso de algunas figuras que no existen a nivel constitucional, como son los viceministros, los gobernadores, aunado al fortalecimiento del Título XIV de la Constitución (El Canal de Panamá), así como la figura de los embajadores y cónsules.
Son cientos de temas que requieren abordarlos con amor de Patria y la mayor transparencia, con miras a refundar una nueva república, tal como se percibe en la exigencia de miles jóvenes y adolescentes que todavía no pueden ejercer el sufragio electoral. De ahí que nuestra experiencia como miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales (2011), junto a destacados juristas, después de analizar las distintas propuestas constitucionales en mesas de trabajo a nivel nacional, y darle el debate técnico-jurídico pertinente, culminó con un documento de reformas, cuyo ejercicio de participación ciudadana y democrático, de alguna forma, se trasladó al amplio trabajo realizado en el llamado Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas” (2021), por lo que consideremos que el próximo gobierno debería desempolvar los anteriores Informes -reformas constitucionales y, el del Pacto de Bicentenario-, los cuales fueron costosos en tiempo y dinero -mucho más el del Pacto-, a fin de que los mismos pueda darse seguimiento y ser ejecutados de ser posible.
Muchos ciudadanos esperamos que el próximo gobierno, haga un borrón y cuenta nueva, olvidando el calor de los dimes y diretes de la campaña electoral, haciendo un llamado a la unidad nacional, con tal de tener objetivos ciertos y transparentes para empujar al país por mejores derroteros, sin olvidar ni dejar pasar este tema de cambios constitucionales que siempre ha sido un tema recurrente cada cinco años sin concluir en nuevo pacto social que transforme el arquetipo constitucional, con temas profundos como es la inclusión, el medioambiente, la tecnología, y la obsoleta estructura gubernamental frágil en materia de transparencia. ¡Amanecerá y veremos!
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
