En abril de 2026, el Ministerio de Salud formalizó la creación de cuatro Comisiones Nacionales Integradas de Cáncer: mama, piel, cervicouterino, y niños y adolescentes. Las resoluciones quedaron publicadas en la Gaceta Oficial. Los mandatos son claros, la estructura interinstitucional está definida y el marco jurídico existe. Es un paso que merece reconocimiento, y también una conversación honesta sobre lo que viene.
Porque el cáncer en Panamá no espera.
Es la segunda causa de muerte en el país. Cada año, miles de familias panameñas enfrentan diagnósticos tardíos, listas de espera que se miden en meses y tratamientos que llegan cuando la ventana de oportunidad ya se ha cerrado. No por falta de médicos comprometidos, sino por la ausencia histórica de un sistema articulado que conecte la prevención con la detección temprana, y esta con el tratamiento oportuno.
Ese es precisamente el propósito declarado de estas comisiones: operacionalizar el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y Atención del Cáncer 2019-2029. Un plan que existe desde hace seis años pero que, en ausencia de mecanismos de coordinación efectivos, ha avanzado de manera desigual. La creación de estas instancias reconoce implícitamente esa brecha, y eso también es un acto de honestidad institucional.
Lo que hace valiosa esta iniciativa es su enfoque integrado. Cada comisión reúne al Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Instituto Oncológico Nacional, hospitales de referencia y representantes de la sociedad civil. En un sistema de salud históricamente fragmentado, esa articulación no es un detalle administrativo: es la condición necesaria para que la política pública funcione en la práctica y no solo en el papel.
Pero la historia de las comisiones en el sector público panameño obliga a plantear la pregunta del millón de dólares: ¿qué garantiza que estas no corran la misma suerte de tantas otras instancias bien intencionadas que se instalan, sesionan un tiempo y luego se disuelven silenciosamente en la rutina burocrática?
La respuesta no está solo en la voluntad política, aunque esta es indispensable. Está en tres condiciones concretas. Primero, indicadores públicos y verificables: los avances del Plan Estratégico deben reportarse semestralmente de forma accesible para la ciudadanía, no solo para el Despacho Superior. Segundo, recursos asignados: una comisión sin presupuesto es una reunión, no una política. Y tercero, participación real de la sociedad civil, no decorativa, en el seguimiento y la rendición de cuentas.
Panamá tiene la capacidad técnica, el talento médico y ahora una estructura institucional renovada para enfrentar el cáncer con seriedad. Lo que no podemos darnos el lujo de tener es otra década de planes sin ejecución medible.
Las resoluciones están firmadas. El reloj comenzó a correr. Y los pacientes, que siempre han sido los que más esperan, merecen que esta vez la respuesta llegue a tiempo.
El autor es abogado y docente.
