¿Sabemos los panameños quiénes son candidatos, este 5 de mayo, a diputados del denominado Parlamento Centroamericano (Parlacen)? ¿Sabemos a qué, o quiénes, representan ellos, qué intereses poseen o comparten o, cuando mucho, qué prometen lograr de obtener ese cargo?
Si continuamos preguntando, ¿sabremos, al menos, quiénes han sido los diputados de Panamá ante dicho organismo regional durante los últimos cinco años? ¿O cuáles, si alguno, han sido los resultados positivos de su labor, o del funcionamiento en general del Parlacen a lo largo de tres largas décadas?
Con toda seguridad, para todas esas interrogantes, la enorme mayoría ciudadana no encontrará absolutamente ninguna respuesta. Y este alarmante resultado es así, porque, para comenzar, los candidatos a diputados al Parlacen ni siquiera se molestan en hacer campaña para promover cualquier objetivo o ganar adeptos a sus candidaturas. Quien decide su postulación no es ni la membresía de un partido político, sino el dedo índice de los candidatos presidenciales o de selectos miembros de las cúpulas partidarias, quienes a manera de premio especial reparten cada candidatura al Parlacen entre sus más allegados, sean políticos o familiares cercanos.
Nadie vota directamente por ellos. El Código Electoral panameño establece un injustificable exabrupto antidemocrático que es exclusivo de nuestra legislación. Este permite la elección de los diputados al Parlacen contando solo los votos recibidos por los candidatos a la Presidencia de la República. Nunca una papeleta se ha impreso, ni se ha votado, con los nombres de candidatos al Parlacen.
Sobre rendición de cuentas, jamás. Si los diputados de vez en cuando asisten a las reuniones del Parlacen en la ciudad de Guatemala, sede del organismo, se desconoce. No informan nada, quizá porque saben que no hay nada relevante para informar. Su indolencia permanente hacia la población, la cual paga con impuestos sus salarios y numerosos privilegios, ha sido siempre notoria.
Los diputados panameños manejan su participación en dicho foro centroamericano sobre las nubes, en un mundo ficticio, por completo indiferente a las realidades nacionales y regionales. Disfrutan cómodamente de una despreocupada y apática experiencia a lo largo de los cinco años de su periodo.
Pero sobre las codiciadas prerrogativas y los beneficios económicos que reciben, se erige de manera histórica el interés único de algunos de pertenecer al organismo con el deleznable propósito de trastocar cualquier proceso judicial del que sean parte. Como ha ocurrido en demasiadas ocasiones, los diputados al Parlacen han jugado, y siguen jugando, con su privilegiada posición para obstaculizar y retrasar las acciones que contra ellos tomen el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
En sus más de 30 años de existencia, el Parlacen no ha funcionado ni para hacer cumplir o mediar en el reconocimiento de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos a nivel centroamericano, tarea que alguna vez inspiró al optimismo de sus fundadores. De sus seis países miembros, aparte de Panamá, uno es gobernado por una dictadura represiva y dos tienen gobiernos abiertamente autoritarios. Estos suelen irrespetar a la democracia y los derechos humanos, pero a los ociosos diputados al Parlacen eso nunca les ha quitado la calma de su inútil cargo.
Bajo las normas vigentes, los países miembros del Parlacen tienen el derecho, no la obligación, de enviar 20 diputados a Guatemala. Nada exige a Panamá cubrir sus 20 improductivas curules. Pero la continuada rebatiña inter partidaria por ocuparlas, entre políticos que carecen de interés en la región o que a duras penas pueden ubicar a la ciudad de Guatemala en un mapa, permanecen vergonzosamente inmutables.
De allí que es lógico y sensato para la ciudadanía panameña aspirar a que con su voto cuidadosamente pensado por un candidato presidencial, al menos no quede también electo con ese mismo voto un corrupto que prosiga la crónica y costosa inutilidad del Parlacen por cinco años más.
El autor es abogado y doctor en derecho internacional.
