Como ciudadano comprometido con la ética pública, la salud colectiva y la transparencia institucional, expongo a continuación una serie de observaciones críticas sobre la situación ambiental y sanitaria que afecta a los ríos La Villa y Estibaná, con énfasis en los riesgos derivados de la contaminación, la respuesta estatal y la falta de información clara sobre los sistemas alternativos de abastecimiento.
Los ríos La Villa y Estibaná han sido objeto de múltiples denuncias por vertidos de origen agroindustrial, principalmente residuos porcinos, agroquímicos y aguas servidas. Esta contaminación compromete la potabilidad del agua distribuida por la red pública, la seguridad alimentaria de las comunidades agrícolas que dependen del recurso hídrico y la salud pública, con riesgo de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y parasitarias, especialmente en niños y adultos mayores.
Diversos estudios científicos han demostrado que el consumo de agua contaminada con agroquímicos y metales pesados puede generar efectos agudos en cuestión de horas o días, como diarreas e infecciones gastrointestinales, y efectos crónicos que se manifiestan en meses o años, incluyendo daño neurológico, renal, hepático y riesgo de cáncer. La población infantil y adulta mayor enfrenta riesgos aún mayores por su vulnerabilidad fisiológica.
En ausencia de monitoreo constante y comunicación oficial, estos efectos pueden pasar desapercibidos hasta que se convierten en crisis sanitarias.
Ante la crisis, se habilitaron pozos subterráneos como fuente alternativa de abastecimiento. Sin embargo, no se ha explicado públicamente el diseño técnico de estos pozos, su sistema de bombeo ni los protocolos de aislamiento respecto a la red contaminada. En varios sectores, los pozos están conectados a la misma red de distribución, lo que anula su efectividad si no existen válvulas de retención, cámaras de cloración independientes y monitoreo constante.
No se han publicado resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos del agua extraída de dichos pozos. Propongo que en cada pozo habilitado se coloque, de forma visible en la tapia eléctrica, el resultado del análisis semanal del agua, incluyendo parámetros como coliformes fecales, turbidez, nitratos y cloro residual. Esta medida permitiría a la ciudadanía verificar el estado del agua que recibe y exigir correctivos en caso de anomalías.
Durante los primeros meses de la crisis, el Estado comunicó que el agua producida debía utilizarse exclusivamente para uso doméstico no alimentario (limpieza, aseo, riego). Sin embargo, desde hace meses no se ha emitido ninguna comunicación oficial sobre la evolución del problema ni sobre el estado actual del agua, o, si se ha emitido, no se ha divulgado masivamente.
La ciudadanía ha asumido que “todo está bien”, en parte por la inercia institucional y la ausencia de alertas. En la práctica, gran parte de la población está utilizando esta agua para consumo humano, por desconocimiento o necesidad. Este vacío informativo expone a miles de personas a riesgos sanitarios invisibles y genera una falsa sensación de normalidad que puede tener consecuencias graves.
El 6 de noviembre de 2025, el IDAAN inició oficialmente la segunda fase del proyecto de desinfección de tuberías y plantas potabilizadoras, con una inversión millonaria y el objetivo de garantizar agua apta para el consumo humano en Herrera y Los Santos. Aunque se trata de un avance técnico importante, no se ha detallado públicamente el alcance real del proyecto, los productos utilizados ni los protocolos de validación sanitaria.
La falta de seguimiento y comunicación técnica tiene efectos concretos. En el plano sanitario, es posible un aumento de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada. En el plano social, se evidencia una pérdida de confianza en las instituciones y una normalización del riesgo. En el plano ético, se configura un incumplimiento del deber estatal de garantizar el derecho humano al agua segura y a la información pública.
La Constitución Política de la República de Panamá establece que es función esencial del Estado velar por la salud de la población y garantizar un ambiente sano libre de contaminación. En este marco, el acceso a agua potable segura no es solo una necesidad técnica, sino un derecho constitucional implícito. La omisión de información, el suministro de agua contaminada y la falta de fiscalización vulneran este principio fundamental.
En seguimiento a esta carta, solicito también a las autoridades competentes que se informe públicamente sobre el estado actual de los procesos administrativos iniciados contra las porquerizas y otras fuentes contaminantes en la cuenca del río La Villa. Esta información debe incluir el número de expedientes abiertos, tipo de infracción, medidas correctivas aplicadas y estado procesal de cada caso. Asimismo, se solicita la entrega de un mapa técnico georreferenciado que identifique los puntos críticos de contaminación detectados por MiAmbiente, con coordenadas, tipo de fuente, fecha de inspección y entidad responsable del seguimiento. Esta información es esencial para garantizar el derecho ciudadano a un ambiente sano, a la salud pública y a la transparencia en la gestión de los recursos hídricos.
Desde mi rol como ciudadano, reafirmo que la transparencia no es un favor, es una obligación constitucional y sanitaria. La ciudadanía tiene derecho a saber qué agua consume, de dónde proviene y bajo qué condiciones se distribuye. La restauración de los ríos La Villa y Estibaná no será posible sin voluntad política, control técnico estricto y participación ciudadana informada.
Solicitamos con carácter urgente la publicación semanal de los resultados de calidad del agua, la divulgación de un mapa técnico de la red de distribución, un informe técnico de diseño y operación de los pozos habilitados, una auditoría independiente de la gestión hídrica en la región, la colocación visible de los resultados semanales de análisis en cada pozo, además de un informe detallado del proyecto de desinfección de tuberías, incluyendo productos químicos utilizados, zonas intervenidas, duración estimada y el aval del Minsa.
Preguntas técnicas para respuesta institucional
¿Cuáles son los resultados más recientes de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua distribuida?
¿Qué sectores están conectados a pozos y cuáles a la planta del río La Villa?
¿Los pozos están conectados a la red general? ¿Qué mecanismos de aislamiento existen?
¿Cuál es el diseño técnico de cada pozo habilitado?
¿Se mantiene la recomendación de uso no alimentario del agua? ¿Por qué no se ha actualizado oficialmente?
¿Se puede implementar la colocación visible de resultados semanales en cada pozo?
¿Qué productos químicos se están utilizando en el proyecto de desinfección de tuberías?
¿Qué zonas están siendo intervenidas y qué validación sanitaria se está aplicando?
¿Cuál es el costo total del proyecto y qué indicadores de éxito se han definido?
¿Existe un plan de remediación ambiental para los ríos La Villa y Estibaná?
¿Cuál es el estado actual de los procesos administrativos iniciados contra las porquerizas y otras fuentes contaminantes?
¿Puede MiAmbiente entregar un mapa técnico georreferenciado con los puntos críticos de contaminación en la cuenca del río La Villa?
Solicitud especial al Defensor del Pueblo: que solicite a través de su despacho las preguntas arriba listadas y se le informe a la ciudadanía. Solicitud especial al Consejo Provincial: como representantes directos de la población, que se le dé lectura en su próxima reunión plenaria, soliciten la información arriba listada y la publiquen en sus canales de información.
El autor es ciudadano.
