Con fecha 12 de octubre de 2018, el rector de la Universidad, Dr. Eduardo Flores, dirige al director general de la Policía, Alonso Vega Pino, una nota señalando que: “Por preceptos constitucionales y nuestra ley orgánica, los predios de la Universidad de Panamá son inviolables y solo se puede acceder a ellos por medio de la autorización del Rector o autoridad competente [...] Los hechos que se dieron en el día de hoy, 12 de octubre de 2018, son inadmisibles y esperamos que las unidades involucradas sean sancionadas”.
El planteamiento es correcto y deja claramente establecida la posición de la institución universitaria respecto de la defensa de su autonomía.
No obstante, es el caso que el 19 de octubre de 2010, la Universidad de Panamá en la figura del Dr. Gustavo García de Paredes y el señor Alexander Cooban, en su momento presidente del Club Activo 20-30, firmaron un convenio en el que se cedían dos hectáreas de terrenos del CRU de Colón para un proyecto recreativo-cultural, el cual duró cuatro años (2014) para dar tímidamente inicio a su desarrollo. En la actualidad es poco lo que se ha avanzado. Sin embargo, sí se advierte física y presencialmente el establecimiento de la Policía, sin que la Universidad conozca cómo llegó y permanece en los terrenos del CRU de Colón.
En una carta con fecha 17 de marzo de 2017, escribíamos al Dr. Eduardo Flores: “Debo señalarle [...] que ni la institución universitaria ni la propia comunidad se ha visto beneficiada por la ocupación de las dos hectáreas por el Club 20-30 ya que no se advierte realización alguna en esos espacios... Siendo así las cosas, solicito formal y respetuosamente el levantamiento de una investigación que lleve a conocer qué ha pasado con los terrenos del Centro Regional Universitario de Colón”.
En un ensayo de nuestra autoría, titulado: ‘Tres convenios traumáticos. Universidad de Panamá. CRU de Colón, entregado a las altas autoridades universitarias incluyendo a la Asociación de Profesores (Apudep)’, dejamos constancia deque la presencia de la Policía en la Universidad colonense afectaba a la institución y consecuencialmente a su autonomía.
Si formalmente hubo una relación que permitía el establecimiento policial, como señaló un exdirector del CRUC para justificar la permanencia de la Policía, con aquello que había un convenio tripartito debió conocerse.
Decíamos en la obra mencionada que: “El planteamiento de que hay un convenio con la Policía, Universidad de Panamá y 20-30 (de ser cierto) debe ser de conocimiento público. La presencia policial en los terrenos universitarios, con infraestructuras y condiciones para el desarrollo de actividades con fines muy distintos a los de la institución universitaria atenta -acéptese o no- con ese elemento consustancial a ella, cual es su autonomía. No es pensable un convenio que introduzca en el corazón del CRU de Colón factores de fuerza y menos que sean disímiles con el espíritu y la razón de ser universitario”.
Transcurrido el tiempo y establecida la Policía con estación y personal armado, los directores regionales universitarios en Colón y las altas autoridades de la Universidad de Panamá, anteriores a la actual administración universitaria, han sido convidados de piedra y hasta complacientes con esa anómala situación.
La carta del rector a la Policía debe ayudar mucho para el caso del CRU de Colón.
El autor es docente universitario