Desde que los medios de comunicación afirmaron de la existencia de una lista de nombres de personas que recibieron coimas o pagos por parte de Odebrecht, hemos venido anotando el por qué encubrir estas “coimisiones” (comisiones-coimas) como donaciones; es decir, porque como donaciones pueden ser deducibles como gasto a los efectos del impuesto sobre la renta y porque de no serlo serían faltas sujetas al pago del impuesto causado y no pagado, tanto por el donante como por el donatario.
Lo cierto es que de esa supuesta lista y otros tantos nombres y/o hechos conocidos, que pueden, también, dar inicio a investigaciones tributarias, nada se sabe, dado que de la Dirección General de Ingresos por su confidencialidad legal no se ha pronunciado con respecto a tales hechos generadores de rentas, si fueron o no declarados por los sujetos pasivos involucrados, si han iniciado o no acciones pertinentes para que las acciones administrativas no prescriban, etc., etc.
Y es que el encubrimiento no solo puede darse con el silencio u ocultamiento material de los hechos o sus autores. También se dan por acciones u omisiones, de buena o mala fe, con simulaciones y disimulaciones, argucias y sofismas, con mamotretos por procesos, impunidades e indultos, con velos corporativos de toda naturaleza e índole para tergiversar, desviar el rumbo legal de las investigaciones, de los hechos y sus partícipes.
La semilla de la desconfianza en las instituciones y autoridades ya está sembrada en la sociedad panameña y su forma de manifestarse en las calles no va destinada a la autocrítica, regeneración o autocorrección de esas instituciones y autoridades. Sus protestas no conllevan alternativas, soluciones ni hombres ni nombres en quien confiar. Y, mientras siga “el tira y jala” entre estas entidades y un Órgano Ejecutivo que tampoco actúa ni dice nada ante esa danza de millones de dólares que se hacen constar en los expedientes del Ministerio Público, que se negociaron y pagaron sin, tampoco, haber tributado nada al fisco, entonces, estamos rumbo a un encubrimiento general, que de llegarse a condenar a los responsables no habrá quien cierre la puerta de la cárcel.
Así como están planteadas las cosas es pertinente preguntar ¿a qué se deben las diferencias públicas entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial? ¿Por qué se habla de colaboración entre ellas? ¿Son posiciones, honesta y jurídicamente, antagónicas? ¿Y si fuera así, a quién le asiste la razón jurídica? ¿A qué lista de nombres, gremios, sindicatos, asociaciones, síndicos, partidos políticos y personas beneficia esta batahola de reproches y señalamientos de todos contra todos?
Panamá vive una crisis social integral y estas marañas de encubrimiento vienen a atizar el fuego que puede ser la luz de la esperanza reivindicadora de la sociedad panameña, hecha realidad.
El autor es abogado