Me parece importante citar, al inicio de esta opinión, la decisión emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo de amparo de 6 de abril de 2017, en la causa penal seguida a José Raúl Mulino Quintero: “El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas o en tiempo razonable forma parte del contexto del debido proceso, en el sentido, del derecho que le asiste a las partes (agrego yo: ‘y a la sociedad’) para que su decisión jurídica sea resuelta en un tiempo perentorio…”.
Al día de hoy, el sistema de justicia panameño se encuentra en una encrucijada institucional decisiva. Tras años de dilaciones, recursos legales y una investigación que abarca más de 1.4 millones de fojas, en casi 3,000 tomos, el país aguarda el fallo final del caso Odebrecht.
La expectación pública es máxima, no solo por la magnitud de los recursos públicos comprometidos en obras de infraestructura y la forma como fueron despilfarrados en beneficio de particulares, tanto empresarios como funcionarios públicos, sino también por el perfil de los procesados, entre los que figuran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, además de exministros y prominentes empresarios.
En el plano regional, el hito anticorrupción que representó la trama Odebrecht ha ido perdiendo fuerza o tomando giros drásticos. En este sentido, en países como Brasil, Perú o Colombia, diversos procesos han sido anulados, se han declarado viciadas pruebas clave, lo cual ha debilitado los expedientes, o bien se han dictado absoluciones por defectos procesales y falta de solidez probatoria. Este contexto internacional no es ajeno a Panamá, ya que se genera un clima de incertidumbre en el que la opinión pública oscila entre el escepticismo sobre la efectividad de las instituciones judiciales y el temor a que la impunidad prevalezca.
Precisamente por ello, la resolución de este emblemático caso no admite más dilación. Un fallo oportuno y sustentado es fundamental por tres razones sustanciales:
1. Certeza jurídica para los imputados: La garantía constitucional de un juicio justo exige que toda persona procesada reciba una respuesta definitiva en un plazo razonable. Prolongar la indefinición vulnera la presunción de inocencia y somete a los investigados a un juzgamiento paralelo e indefinido ante la opinión pública. Si las pruebas presentadas por el Ministerio Público sustentan la culpabilidad, corresponde aplicar la sanción; de lo contrario, ante cualquier duda, procede la absolución de todos los acusados.
2. Resguardo del erario público y reparación: El escándalo de Odebrecht afectó directamente las finanzas del Estado y debilitó la confianza en la contratación pública. Dar por concluido este capítulo mediante un fallo firme resulta imprescindible para determinar con claridad las responsabilidades civiles y patrimoniales, de existir, garantizando la recuperación de fondos y fijando un precedente disuasivo frente a futuros actos de corrupción.
3. Fortalecimiento institucional de la nación: Panamá necesita enviar un mensaje contundente de estabilidad y apego a la ley, tanto a la ciudadanía como a los mercados internacionales. Un Poder Judicial firme, independiente y capaz de resolver causas de alto impacto demuestra vigor democrático y seguridad jurídica, elementos esenciales para atraer inversión y restaurar la confianza social.
La jueza Baloisa Marquínez tiene ante sí la responsabilidad histórica de dictar una sentencia objetiva, alineada estrictamente con las pruebas recabadas en el expediente y respetuosa de las garantías procesales. El país no requiere decisiones motivadas por presiones políticas ni por juzgamientos mediáticos, sino una resolución técnica y transparente que ponga fin a una década de especulación y que traiga la paz social necesaria ante este caso.
Cerrar esta etapa con serenidad, rigor procesal y determinación no solo otorgará certeza a las partes involucradas, sino que le devolverá a la sociedad panameña la convicción de que nadie está por encima ni al margen de la ley. Es momento de pasar la página de la incertidumbre para los procesados y el resto de los ciudadanos.
Ya han pasado siete meses desde la conclusión del juicio y estamos a la espera de esta importante decisión.
El autor es abogado.
