El lunes, los votantes republicanos de Iowa confirmaron su apoyo apasionado por el expresidente Donald Trump, quien está seguro de ser el candidato presidencial de su partido. CNN informó que entre los republicanos de Iowa, un 65% considera que una condena penal no descalificaría a Trump como apto para la presidencia.
Eso en sí es noticia deprimente pero también inquietante es el escándalo que ha estallado en torno a conducta supuestamente indebida e indecorosa por parte de la fiscal en uno de los cuatros casos penales contra Trump. Me refiero al caso en Georgia, donde se acusa que Trump y 18 otros acusados intentaron efectuar un fraude electoral. Este es el único caso penal contra Trump que no está ante un tribunal federal, por lo que es el único caso en que él no podría auto indultarse si retoma la presidencia.
Pues bien, hasta muy recientemente las pruebas de la Fiscalía parecían sólidas, hasta donde se conocía. Además de la grabación telefónica en que Trump presionó al funcionario Brad Raffensperger para que “encontrara” 80 mil votos que cambiaran el resultado en Georgia, el encausamiento indicaba intentos de interferir con las máquinas de votación, intimidar a los funcionarios electorales, falsificar documentos oficiales y obstaculizar la certificación del resultado en Georgia. Cuatro de los acusados se han declarado culpables, aceptando acuerdos de pena que los eximen de prisión si brindan testimonio en el juicio. En un caso civil vinculado a los mismos hechos, un jurado declaró culpable a Rudy Giuliani -también abogado de Trump- de difamación civil por acusaciones infundadas contra dos trabajadoras en el despacho donde se manejaba el conteo de votos en Georgia. Se le ordenó a Giuliani pagar $148 millones en compensación a las señoras difamadas. Él está apelando el veredicto.
Dado todo lo anterior, se pensaba que la fiscal en Georgia, Fani Willis, había armado muy bien su caso contra Trump y sus 18 coacusados. Demás está decir que este obviamente es un caso histórico, de significado inmenso para el país.
Pues ahora ha surgido la acusación que Willis contrató como fiscal especial en el caso a un hombre con quien mantenía “relación romántica”; que de fondos públicos se le pagaron $624 mil a este señor -Nathan Wade-, que es abogado pero no penalista; y que con alguna parte de esos fondos Wade pagó boletos para pasear con Willis por el Caribe en crucero y tomar otros viajes con ella. Quien acusa todo esto es la abogada defensora de uno de los 18 coacusados; aparentemente, ella tuvo acceso a documentos pertinentes al divorcio de Wade. Según esta defensora, las actuaciones de Willis muestran que esta no ha manejado el caso con la debida ética e “independencia de criterio profesional”. Esto “amenaza con manchar todo el proceso… y socava la confianza pública en el desenlace”, afirma su alegato. Se solicita el sobreseimiento del caso contra su defendido y que Willis sea investigada por corrupción. Los abogados de Trump dicen estar estudiando unirse a esta posición; no dudo que lo hagan.
Por su lado, Willis está guardando silencio salvo por decir que las acusaciones en su contra son motivadas por racismo.
Pero lo que se acusa me parece grave y no descarto la posibilidad que el caso en Georgia se caiga si se comprueba la veracidad de las acusaciones, aunque vi que un experto en Atlanta estima que los chances de que eso ocurra son nulos. Ojalá él tenga razón. El juez dice que celebrará una audiencia sobre el tema en febrero. Hasta entonces habrá que esperar a ver los hechos verificados y el análisis del juez. Mientras tanto, sospecho que los abogados de Trump han puesto la champaña a enfriar.
A todo esto, Trump tiene otro as bajo la manga. La Corte Suprema, un tribunal crecientemente politizado y de marcada tendencia derechista, por no decir dominado por trumpistas. Dos temas se decidirán allí: 1) Que Trump está descalificado como candidato presidencial por “insurreccionista”, como ha fallado la Corte Suprema de Colorado y la funcionaria encargada de estos asuntos en Maine. La Corte Suprema escuchará argumentos sobre esto el 8 de febrero; se anticipa que fallará rápidamente y a favor de Trump. 2) Que Trump tiene inmunidad absoluta por toda acción tomada por él mientras era presidente; sus abogados alegan que tendría inmunidad incluso si hubiera ordenado el asesinato de rivales políticos. Es inconcebible que la Corte Suprema avale semejante tesis pero como dicen por allí: en política no hay sorpresas, solo sorprendidos.
El autor es abogada y periodista jubilada
