Daniel Ortega acaba de decir, sin disimulo alguno, lo que ya era evidente desde hace años: en Nicaragua no volverá a haber elecciones. Durante el acto del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, que él mismo controla, para “poner un muro” legal a cualquier partido opositor que aspire a llegar al gobierno por la vía electoral. No es una amenaza retórica; es la cancelación formal, anunciada por el propio jefe de Estado, de los comicios previstos para 2027.
Las reacciones internacionales no se han hecho esperar, confirmando la gravedad histórica del momento. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en voz del secretario Marco Rubio, urgió a la comunidad internacional a actuar en bloque y detener cualquier trato convencional (business as usual) con la dictadura. Por su parte, la Cancillería panameña llamó a consultas a su embajador en Managua, calificando el anuncio como un «fuerte agravio a los principios democráticos», mientras Costa Rica reiteró su profunda preocupación por el cierre cívico y la OEA señaló que Ortega simplemente hizo explícito lo que ya ejecutaba en la práctica.
Sin embargo, los pronunciamientos individuales no bastan. Esto no es solo un asunto interno de Nicaragua ni un tema de retórica diplomática. Es la ruptura unilateral de los compromisos que ese país aprobó como socio del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). En efecto, el Protocolo de Tegucigalpa establece como razón fundacional del SICA “consolidar la democracia... sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto”. El Tratado Marco de Seguridad Democrática, por su parte, exige garantizar “el carácter irreversible de la democracia en la región”. Ortega no está incumpliendo estas normas de forma incidental: las está derogando por decreto verbal.
Lo que deben hacer los países del SICA
Ya existe un precedente de cómo actuar. En 2005, ante una crisis institucional mucho menos grave que la actual, el SICA aprobó una resolución condenando las “acciones que comprometen gravemente el orden democrático” en Nicaragua y advirtió que no reconocería gobiernos surgidos de alteraciones al orden constitucional. Aquella respuesta, aunque tibia, fue al menos consistente con los principios del sistema. Hoy, la magnitud del atropello exige una respuesta sistémica y coordinada.
Primero, los gobiernos de la región deben llevar el llamamiento de Estados Unidos y las protestas diplomáticas de Panamá y Costa Rica al plano institucional del bloque. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana deben suspender la participación de Nicaragua en todos los órganos del SICA —Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros y Parlacen— mientras el régimen no restablezca un cronograma electoral verificable, con observación internacional independiente. Asimismo, debería trasladarse temporalmente la sede de la Corte Centroamericana de Justicia a Guatemala. Un Estado que elimina las elecciones de forma expresa y degrada sus lazos con sus vecinos no puede seguir sentado en la mesa de un bloque que se define, en su propia carta fundacional, como una “Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”.
Segundo, la suspensión institucional debe acompañarse del fin del trato habitual con las cúpulas del régimen. Siguiendo el llamado de la diplomacia regional a no actuar como si nada hubiera pasado, los países del SICA deben coordinar la imposición de sanciones diplomáticas y patrimoniales dirigidas específicamente contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, sus familiares más cercanos y los altos mandos de las instituciones que sostienen este cierre, especialmente el Ejército y la Policía Nacional. Entre ellas, prohibiciones de ingreso, congelamiento de activos regionales y la suspensión de la cooperación bilateral en materia de seguridad. No hay razón para seguir manteniendo una relación diplomática y operativa normal con funcionarios que administran un régimen absolutista.
Tercero, esta posición debe traducirse en acciones económicas concretas. Para que el reclamo de la comunidad internacional y de los líderes exiliados sea efectivo, los gobiernos del SICA deben dirigirse conjuntamente a Estados Unidos y a la Unión Europea para solicitar la suspensión de los beneficios comerciales y de asociación de Nicaragua, tanto bajo el CAFTA-DR como bajo el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, hasta que se restablezcan las garantías democráticas. El régimen de Ortega no puede seguir disfrutando de un acceso preferencial a los mercados de Washington y Bruselas mientras liquida, sin ambigüedad alguna, el sistema que hace posible la alternancia.
La región tiene el marco jurídico. Tiene el precedente. Y ahora, ante la declaración abierta de la dictadura, cuenta con el respaldo de una comunidad internacional que exige pasar de las palabras a los hechos. Lo que ha faltado durante casi dos décadas es voluntad política para aplicar esos mecanismos con firmeza. Ortega ha hecho explícito lo que antes solo se sospechaba: que no habrá salida electoral. Corresponde ahora a sus vecinos decidir si la integración centroamericana significa algo más que un membrete institucional o si continuará tolerando que uno de sus miembros destruya los principios que todos juraron defender.
El autor es abogado.
