CONSTITUCIóN POLíTICA

Los choferes de la reforma

Cuando hablamos de justicia, y por ende de impunidad y certeza del castigo, debemos sin tapujos, incorporar al debate temas tradicionalmente tabúes que dividen a la sociedad como lo son: “la rehabilitación del reo y su consecuente reincorporación a la sociedad que agredió”; “el aborto”; “el matrimonio entre personas del mismo sexo”; “la legalización de ciertas drogas”; “los oligopolios perniciosos”, “la corrupción”; y un largo etcétera; pues la “Justicia (con mayúscula) como la Verdad” con opacidad, constituye un propósito quimérico con profundos rasgos de alucinación, que abren trochas hacia una implosión social de proporciones inimaginables.

Los gobiernos están para atender, administrar y oportunamente detectar y resolver las variables sociales que determinarán el futuro de toda sociedad. Por ejemplo, el Panamá de hoy es diametralmente opuesto al de 1821, en donde la esclavitud a pesar del decreto del Libertador sobre “la libertad de vientres” se mantuvo y no fue abolida sino hasta la promulgación de la Ley 2 del 21 de mayo de 1851 que puso punto final. En otras palabras, evolucionamos.

La Declaración de Doha, adoptada en el 13 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, resalta la importancia de adoptar medidas de apoyo a la rehabilitación de reclusos y su reintegración social en la comunidad. El artículo 28 de nuestra Constitución Política establece que: “El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”. En Panamá esto es palabrería pura, con mucho caldo, pero con poca o ninguna sustancia. Me explico. Como abogado toca constituir sociedades anónimas, preparar y documentar los expedientes de todos y cada uno de los accionistas, dignatarios y directores de las mismas, solicitándoles entre muchos documentos, cartas de referencias bancarias y comerciales. Recientemente una institución bancaria tachó por “situaciones especiales” a uno de los directores-dignatarios de una sociedad en formación, y hubo que cambiarlo. Todo esto a pesar de que el susodicho satisfizo todos los requerimientos que por ley y reglamentación se solicitan en estos casos, incluyendo por cierto el cumplimiento de la condena. Lo mismo ocurre con el resto de la sociedad, entendiendo la suspicacia que genera una persona con antecedentes penales; pero con la grave consecuencia de que con nuestro actuar estamos fabricando un nuevo grupo social de connotaciones esclavistas; algo así como la cárcel después de la cárcel.

En los próximos meses el país se abocará (espero y confío) a la sana confrontación de ideas referidas a la reforma de la Constitución. Si bien discrepo del método, la propuesta de reformas en función de lo establecido en el artículo 313 numeral 2 (“Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior… publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum…”); es una oportunidad que, ni gobierno, ni gobernados deben desaprovechar, para en consenso establecer rumbos y coordenadas. Somos forjadores de nuestro destino, y ya sea que actuemos intencionadamente o por ignorancia, nadie más que nosotros, es responsable de nuestros éxitos o fracasos.

Al Ejecutivo y la Asamblea les tocará entender que para liderar un proceso de esta magnitud deberán como buenos choferes, conducir con mucha suavidad, comprendiendo que en los pedales de mando existen cáscaras de huevo que no querrán romper.

Ninguna carrera se gana en la primera curva, pero muchas se pierden ahí. “El arte de conducir bajo la lluvia” (2008), Garth Stein.

El autor es amigo de la Fundación Libertad

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