Con el anuncio del cierre del Ministerio de la Mujer, múltiples voces políticas y de la sociedad civil han declarado que esta acción representa un retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos de mujeres y niñas en el país. Por extraño que les parezca a los más puristas de ambos lados de la cerca, me considero liberal y también feminista, por lo que este hecho me ha provocado un fuerte caso de disonancia cognitiva.
En su comunicado del día siguiente, la Dra. Juana Herrera, primera titular del Ministerio, habló de forma elocuente sobre la capacitación, las instancias de denuncia de violencia y la asistencia a víctimas, todo lo cual es justo y necesario. Sin embargo, estas funciones ya forman parte de las competencias de otras instituciones que le preceden. Por ejemplo, están el INADEH, el ITSE o las direcciones de extensión de las universidades estatales, que ofrecen formación técnica y continua; la AMPYME, que promueve el emprendimiento y brinda capital semilla; y la Policía Nacional, que cuenta con un Servicio Policial Especializado en Violencia Doméstica y de Género.
Personalmente, no me parece descabellado que la formulación de políticas públicas en materia de género se realice desde una secretaría o instituto bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (que, cabe recordar, es una iteración del antiguo Ministerio de la Juventud, la Niñez, la Mujer y la Familia), y que la ejecución de programas se lleve a cabo de forma transversal, mediante colaboración interinstitucional con enfoque de género (porque sí, la perspectiva de género es importante).
Entiendo y reconozco la necesidad de atender a poblaciones históricamente vulnerables; yo misma he vivido la incompetencia, insensibilidad y desidia de las instancias de justicia. Pero también me preocupa que la duplicación de funciones termine perjudicando tanto a los contribuyentes como a las propias poblaciones que se pretende proteger. Lastimosamente, ya es tarde para entender o defender la función de un ministerio que ha sido desahuciado. Buena parte de sus escasos dos años de existencia se diluyó entre su incorporación, la transición entre gobiernos y el burocratismo que agobia a nuestras instituciones. Si el objetivo era reducir gastos, había muchos otros lugares donde el dinero fluye como hemorragia, y cuya eliminación habría resultado más beneficiosa.
Como liberal, abogo por un Estado más pequeño, pero robusto y con una injerencia limitada en la vida de las personas. ¿Queremos un Estado más eficiente, sostenible y menos endeudado? Empecemos por eliminar las jubilaciones especiales y reducir la grasa en los 182 cargos de comisionados y subcomisionados en planilla, según el portal de transparencia de la Policía Nacional. De nada sirve cerrar instituciones si, al mismo tiempo, tenemos diputados asistiendo a conferencias religiosas con dinero público, seguimos inflando la planilla estatal con nuevos corregimientos y municipios, o compramos vehículos de lujo para funcionarios y asesores ministeriales. Ni hablar de que en la Asamblea aún está engavetada la propuesta para eliminar los Bingos Nacionales.
Al final del día, Panamá no necesita más instituciones. Necesita mejores instituciones, con formación pertinente y oportuna, donde el mandato de servicio realmente se cumpla.
La autora es integrante de la Fundación Libertad.
