La administración del uso del suelo de la ciudad consiste en la planificación, regulación y gestión de la ocupación del territorio, con el fin de ordenar el desarrollo tanto en modalidad urbana como rural, asegurando la calidad de vida de la población, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de la economía.
Para tales propósitos se utilizan instrumentos normativos como planes maestros de uso del suelo, planes de uso o gestión del suelo, entre otros. Son instrumentos normativos porque establecen o definen normas de zonificación, densidades de ocupación, usos permitidos y compatibilidad entre los distintos usos del suelo. Todo ello debe redundar en el máximo, mejor y más eficiente aprovechamiento de los recursos naturales, de manera que la vida ciudadana sea lo más adecuada posible en el espacio del territorio que llamamos ciudad.
Según la teoría urbanística, en términos generales, lo expuesto anteriormente es lo que se supone debe ser la acción de administrar el recurso natural suelo en cualquier ciudad del mundo con régimen democrático y capitalista. Pero ¿qué ocurre en Panamá?
Expuestos el objeto, las herramientas y los propósitos, cabe preguntarse cómo es la gestión en la ciudad capital de la República en lo que respecta a la administración o gestión del suelo urbano. Debo entender —y doy por sentada— la existencia de un plan normativo para tal fin; espero no estar equivocado.
Ahora tomo el concepto y me dirijo a las calles de la ciudad. Antes debo explicar que cuando se vive en una ciudad, en cualquier parte del mundo, hay que comprender que estas no son solo lugares poblados llenos de luces y automóviles, sino espacios con una forma de vida y una cultura urbana que debe normarse, gestionarse y practicarse. Es decir, usted no debe criar patos en la ciudad, del mismo modo que no debería sembrar maizales en ella.
La ciudad es el lugar donde vive la mayor parte de la población del mundo. Es el espacio donde se concentran necesidades, deseos y los medios para satisfacerlos. Allí, cada lugar o espacio para satisfacer esas necesidades se convierte en una actividad económica. Si existe la necesidad o el deseo de alimentarse, entonces habrá restaurantes, supermercados o cualquier espacio destinado al expendio de alimentos.
Estas actividades —residenciales, comerciales, recreativas y de servicios— son organizadas mediante un instrumento desarrollado en Alemania entre 1870 y 1890, que aún hoy se mantiene vigente: la zonificación. Este instrumento permite la división técnica, coherente y compatible del territorio urbano en zonas específicas u homogéneas, en las cuales se aplica la normativa establecida por las Normas de Desarrollo Urbano que debe dictar todo municipio.
En el caso de Panamá, dichas normas definen cómo, dónde y para qué puede utilizarse el suelo de la ciudad en sus distintas actividades: vivienda, comercio, industria, entre otras, con excepción de la actividad agrícola.
Ahora vuelvo a las calles de la ciudad, en esta oportunidad a las calles de Panamá. A simple vista se observa el desorden y la incoherencia existentes en la administración y uso del suelo. Pareciera, por una parte, que la población no sabe vivir en la ciudad o que no existe normativa que se respete. El mensaje que se transmite es de desorden, caos y estrechez urbana.
Las vías, además de ser pocas, parecen fuera de escala. Los automóviles no caben en ellas; el autobús parece demasiado grande o las calles demasiado estrechas. Nadie obedece normas. Los comercios no respetan límites ni servidumbres. Hoy se procura la ampliación de la Vía España, pero existen por lo menos 300 comercios que invaden su servidumbre.
Administrar el suelo urbano es una actividad que requiere profesionales expertos y un alto sentido de responsabilidad pública. No está sujeta al querer de particulares, sino al beneficio de las mayorías, ya que se trata del bienestar y de la calidad de vida de la población.
Esta es responsabilidad del ente municipal. Sin embargo, en la práctica intervienen múltiples instituciones: MOP, ATTT, Municipio, MIVIOT, ENA, entre otras. Los resultados de esa dispersión institucional ya los conocemos y los observamos diariamente.
Las calles se han convertido en talleres, porque en Panamá pareciera que el automóvil es más importante que la población y el peatón. No hay barrio ni calle de la ciudad que esté libre de talleres mecánicos, los cuales deterioran tanto la calidad de vida como el valor del suelo y de las propiedades.
Asimismo, existen comercios incompatibles con la escala urbana del lugar donde se ubican, ni compatibles con los usos aledaños. Algunos incluso presentan riesgos por sus requerimientos espaciales o por el tipo de actividad que desarrollan, instalándose en zonas residenciales y en calles de apenas cinco metros de rodadura y sin salida. Casos como Pueblo Nuevo, Río Abajo, Parque Lefevre o Betania, por mencionar algunos.
La población se queja, presenta denuncias, pero el sistema 311 pareciera ser ineficiente. Los representantes de corregimiento, las corregidurías y los jueces comunitarios de paz parecen no verse afectados por la situación.
La instancia de gobierno encargada de administrar los usos del suelo en el municipio capitalino parece no tener claro que el principio fundamental es la coherencia entre el uso residencial y los demás usos del suelo. Lo primero debe ser siempre la calidad de vida de la población.
Dice un viejo refrán que no se puede mezclar aceite y agua. De la misma forma, no es posible permitir talleres mecánicos en plena calle y en zonas residenciales, en detrimento de la calidad de vida de la población y de su economía.
Debemos aprender la cultura urbana, es decir, aprender a vivir en ciudad. De lo contrario, seguiremos mostrando al mundo el tipo de desorden urbano que hoy padecemos: caos, deterioro del espacio público, delincuencia, encarecimiento de la vida y pérdida general de la calidad de vida.
El autor es abogado/urbanista.
