CRECIMIENTO URBANO Y BIENESTAR SOCIAL

La ciudad que merecemos

En los últimos 30 años la ciudad de Panamá ha tenido un crecimiento urbano anárquico y desordenado, y hoy estamos pagando las consecuencias. La regeneración de las urbes no es algo nuevo. Estos procesos para “salvar” las ciudades se dan en muchas capitales del mundo, algunas tan o más complicadas que la nuestra. Es un trabajo que demanda planificación, conocimiento, transparencia y consensos. El reordenamiento debe tener primordialmente un fin social, en el que lo económico y lo ambiental se unan para buscar una mayor equidad urbana y mejorar la calidad de vida de su gente. Durante estos años, las políticas estatales de vivienda promovieron o permitieron un modelo de crecimiento urbano horizontal, fortaleciendo la idiosincrasia del panameño de ser dueño de una vivienda en un lote de su propiedad. Este modelo se suma a las limitaciones físicas de crecimiento urbano impuestas por el Canal de Panamá y la región interoceánica. También redujo la construcción de edificios para las personas de menores recursos. Un modelo vertical permitiría mejorar la densidad habitacional; haría más eficiente la prestación de servicios públicos, favorecería las actividades económicas y crearía condiciones más favorables en el entorno para la recreación y el ocio.

En Panamá se habla mucho de urbanismo, pero no hay suficientes debates con todas las partes interesadas. Hasta ahora, los promotores, constructores e inversionistas, fusionados en una trilogía que muchas veces está lejos de ser divina, han permanecido ausentes de las discusiones. El análisis y la solución de los problemas urbanos requieren un enfoque sistémico y un proceso interactivo, en el que se vean de manera coordinada y coherente temas como el manejo de desechos, el transporte urbano y la vialidad, la contaminación visual y auditiva, los servicios de agua, la seguridad ciudadana, las normas de diseño y construcción.

Como resultado de la falta de planificación y conciencia de las responsabilidades institucionales, no hay coherencia ni coordinación entre las autoridades lo que, aunado a la insuficiente información para los ciudadanos, dificulta elaborar una agenda de común acuerdo. Cansados de perversas experiencias y crisis generadas por el incumplimiento de las normas, la mayoría de las veces, con la complacencia o falta de acción oportuna de las autoridades, los ciudadanos perciben estos procesos de revisión urbana como estériles y de poca transparencia, lo que complica y hasta excluye la participación, la elaboración de consensos y respaldo a las propuestas urbanas y acciones de las autoridades.

La participación ciudadana es una realidad que llegó para quedarse y representa un verdadero cambio de paradigma en nuestro actuar político, económico y social, no obstante, la misma está tibia y recelosamente reglamentada en nuestra normativa jurídica. Este modelo participativo exige de las autoridades una apertura a las ideas y al intercambio de información, además de una renuncia al ejercicio exclusivo del poder y de los ciudadanos, se requiere mayor tolerancia, respeto y paciencia, minimizando con su participación la carga acumulada de tantos años de frustración, impotencia e indignación.

Desde hace varias décadas, la gestión gubernamental en materia de urbanismo se ha alineado con los intereses económicos privados, tanto financieros como inmobiliarios. El crecimiento urbano se ha dejado en manos del mercado, de los inversionistas y de los bancos. Este crecimiento de corto plazo, que pudiéramos llamar “de lote en lote”, genera especulación con los valores de la tierra, antepone los intereses particulares sobre los de las mayorías, incrementa la exclusión social y deteriora las condiciones de vida de los que menos tienen.

Con el argumento de que la construcción genera empleos y reactiva la economía, lo cual es cierto y nadie niega, se toman decisiones que afectan el valor de las propiedades existentes y se merma la calidad de vida de los ciudadanos, incluyendo a los trabajadores de la construcción. Además, producto de esa institucionalidad débil o inexistente, las autoridades ligadas al tema del urbanismo han minimizado su responsabilidad en la dirección, control y supervisión de las actividades del sector privado, dejando el campo abierto a la irresponsabilidad y única conveniencia de algunos promotores.

La pregunta obligatoria es si estamos impulsando, de una manera sistémica, un desarrollo urbano sostenible, promotor de la actividad económica, la equidad y la justicia social y el respeto por el medio ambiente, que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La sostenibilidad no se opone al desarrollo económico; todo lo contrario, busca un progreso balanceado: el éxito de los negocios sobre una base urbana de convivencia social, con ciudades con calidad de vida para los ciudadanos.

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