La reciente noticia de que la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) abrirá un proceso de precalificación para atraer a un tercer operador de telefonía móvil, tras la salida de Digicel entre 2023 y 2024 y los repetidos fracasos de las administraciones anteriores, debe invitarnos a una profunda reflexión praxeológica. Se espera que, tras la licitación a finales de este año, la nueva empresa entre en operación en el primer trimestre de 2027. Mientras tanto, los panameños hemos padecido en carne propia los estragos del duopolio actual: servicios deficientes y evidentes distorsiones en los precios. Pero debemos tener claro que este escenario de concentración no es un “fallo del mercado libre”, sino el resultado directo de un sector fuertemente intervenido, regulado y cartelizado por el Estado.
Desde la óptica del anarcocapitalismo y el liberalismo, el deterioro de nuestras telecomunicaciones era absolutamente predecible. En ausencia de libre competencia, y bajo el amparo de restricciones legales a la entrada de nuevas empresas, se consolida el privilegio que permite a los oligopolios extraer beneficios extraordinarios a costa del resto de la sociedad. Cuando el Estado se arroga el derecho de decidir quién puede operar y quién no mediante concesiones burocráticas, anula la sana rivalidad. Como advierte incansablemente la teoría económica libertaria, un monopolio u oligopolio protegido mediante la coacción institucional tenderá inexorablemente a prestar servicios caros y deplorables, simplemente porque los consumidores quedan cautivos y privados de opciones reales para castigar el mal servicio. Al carecer de la amenaza constante de nuevos competidores que ofrezcan mejores condiciones, la calidad se estanca y los precios se elevan artificialmente.
La medida de la ASEP para buscar un tercer operador es un paso en la dirección correcta, pero no podemos pecar de ingenuos: este proceso de precalificación estatal no es la panacea. Permitir la entrada de un solo actor adicional, manteniendo intacto el asfixiante marco regulatorio de fondo, es apenas un parche. Sin embargo, este reconocimiento burocrático del fracaso del duopolio sí marca el rumbo ineludible que debería tomar toda la política del gobierno panameño. Solo a través de los mercados absolutamente libres se llega a mejoras reales en los precios y en la calidad de los servicios, pues en un entorno sin trabas los proveedores se ven forzados a competir ferozmente para satisfacer las necesidades de los consumidores. Es aquí donde resulta imperativo lanzar una advertencia a nuestros líderes políticos. El Estado panameño debe buscar activamente la liberalización integral de todas sus competencias económicas actuales, y no hacerlo de forma pasiva, dolorosamente lenta y casi por una serendipia de ensayo y error. No podemos seguir esperando años a que un servicio colapse para que un burócrata decida, a regañadientes, “permitir” más competencia.
La verdadera soberanía reside en el individuo y en su autonomía contractual, no en un ministerio regulador. El progreso de Panamá requiere abolir urgentemente este sistema de privilegios y abrazar la libre empresa sin medias tintas. Debemos desmantelar los oligopolios legales creados por el gobierno y permitir que cualquier emprendedor, nacional o extranjero, ofrezca sus servicios de telecomunicaciones. Donde entra la verdadera competencia libre de intervenciones estatales, florece la innovación y la prosperidad. Todo lo demás es seguir encadenados a la futilidad del estatismo.
El autor es analista independiente.
