La discusión sobre la mina de cobre debe partir de hechos verificables, no de alarmismos. El artículo de opinión publicado en este diario el 9 de febrero de 2026, bajo el título “Panamá ha sido condenada a cadena perpetua”, exagera riesgos sin considerar que Cobre Panamá es una infraestructura ya desarrollada, con una inversión superior a US$10,000 millones y capacidad para generar alrededor de 40,000 empleos. Esa realidad económica no elimina los riesgos ambientales, pero sí cambia el marco de la discusión: no hablamos de una sentencia definitiva, sino de una obra con activos y comunidades que dependen de un manejo responsable y del cumplimiento de obligaciones.
Al revisar los informes técnicos se observa otra realidad. El Informe de Avance n.° 03 — Auditoría Integral (SGS Panamá Control Services Inc.) — Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), correspondiente al período 8 de diciembre de 2025–9 de enero de 2026, publicado el 6 de febrero de 2026, documenta un proceso de fiscalización con reglas verificables y respaldo financiero, incluyendo fianzas por US$157,229,403.49 vigentes hasta 2029 y una matriz de 370 compromisos ambientales bajo seguimiento (MiAmbiente, Informe de Avance n.° 03).
El Segundo Informe de Avance — Auditoría Integral (SGS) — Ministerio de Ambiente, correspondiente al período 8 de noviembre de 2025–7 de diciembre de 2025, publicado el 23 de enero de 2026, registra avances en revegetación y en la verificación de sistemas de gestión, y documenta que el 18% de las áreas no operativas presenta cierre progresivo con especies nativas (MiAmbiente, Segundo Informe de Avance).
El Primer Informe de Avance — Auditoría Integral (SGS) — Ministerio de Ambiente, publicado el 7 de noviembre de 2025, marcó el inicio formal de la auditoría integral encargada a SGS Panamá Control Services Inc., en cumplimiento del contrato OAL-DIFOR n.° 003-2025 (MiAmbiente, Primer Informe de Avance).
También es necesario corregir la desinformación sobre el supuesto costo financiero para el Estado. Las afirmaciones sobre un gasto de US$20 millones mensuales omiten que, según los informes de avance, esos recursos deben provenir de la empresa, mediante su Plan de Preservación y Gestión Segura. La supervisión interinstitucional confirma que la empresa es la responsable de financiar las medidas preventivas y que el Estado no ha desembolsado esos fondos del presupuesto nacional (MiAmbiente, Informes de Avance). Además, la garantía financiera presentada por la empresa está documentada en los informes oficiales: Minera Panamá presentó una fianza de cumplimiento por US$157,229,403.49, con vigencia hasta 2029.
Si se observa lo que ocurre día a día en la mina, los avances técnicos desmienten la idea de abandono: los sistemas de bombeo y gestión de relaves operan según diseños auditados y existen actividades de cierre progresivo en áreas no operativas. Aun así, como señaló la líder comunitaria María Itzel Alveo en las consultas de la auditoría, el temor real de las comunidades es la falta de transparencia; no se trata de alarmismo, sino de una exigencia legítima de claridad y seguimiento constante (consultas públicas y actas de la auditoría).
El informe que recibirá el Ejecutivo en junio de 2026 debe basarse en realidades técnicas, no en percepciones. Reducir los riesgos exige transparencia y compromiso: publicar cronogramas y estados de avance auditados de forma periódica y accesible; establecer mecanismos públicos y ágiles para la ejecución inmediata de fianzas ante incumplimientos; y fortalecer la capacidad de MiAmbiente con personal técnico permanente en terreno. Solo con información clara, fiscalización constante y procedimientos verificables la operación podrá avanzar sin traicionar la confianza de las comunidades ni la protección ambiental que Panamá necesita.
Julio Javier Trelles Metzner. Empresario y comunicador panameño.
