Si hay un poder del Estado que refleja, para bien y para mal, las virtudes, tensiones y contradicciones de la idiosincrasia panameña, ese es el Órgano Legislativo. Llama la atención que, frente a críticas legítimas sobre su desempeño, la respuesta frecuente sea atribuir la mala imagen de la Asamblea a una supuesta “mala relación con los medios”, y no al hecho de que muchos diputados incumplen su función esencial: servir al pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Sin embargo, lo que muestran los medios de comunicación y las redes sociales es otra cosa: un afán de protagonismo centrado en exhibir el rostro del diputado, más que en mostrar el trabajo legislativo que debería justificar su presencia en el cargo.
En numerosas comisiones legislativas, las negociaciones se realizan a título personal y responden más a egos, intereses privados o cuotas de poder que a criterios de capacidad, experiencia o pertinencia técnica. La distribución de cargos —presidencias, secretarías y vocalías— debería basarse en el mérito y el conocimiento especializado. No obstante, en la práctica, estos puestos suelen convertirse en beneficios personales y en moneda de intercambio político, en lugar de servir como instrumentos para fortalecer la institucionalidad democrática.
También debe reconocerse que existe un juego politiquero profundamente arraigado en la dinámica legislativa panameña. Sería ingenuo pensar que la repartición de cargos en las comisiones responde solo a criterios técnicos o profesionales. En realidad, esos puestos se negocian dentro de un sistema de intercambios: apoyo en votaciones, amistad, respaldo a proyectos de ley, favores políticos e incluso nombramientos o ayudas económicas del Gobierno Central para los circuitos electorales. Nada de esto es nuevo; durante décadas ha debilitado la gobernanza y la administración pública.
Lo más preocupante es que, aunque la ciudadanía sabe que esta lógica clientelar se ha agravado, la vocación de servicio público sigue siendo desplazada por intereses privados. La política se convierte así en un espacio donde la supervivencia personal pesa más que la responsabilidad institucional y donde las oportunidades de transformar el sistema se diluyen en negociaciones que perpetúan las mismas prácticas que todos dicen rechazar.
En este contexto, un movimiento político que aspire a cambiar las cosas sabe que necesita construir una mayoría legislativa para impulsar su agenda. Pero un movimiento auténtico y convincente no se define únicamente por una ideología, sino por principios y valores irrenunciables. La coherencia entre esos principios y la conducta de sus diputados es indispensable para sostener la credibilidad del proyecto. El debate interno, la deliberación crítica y la diversidad de opiniones son saludables; lo que no puede relativizarse son los principios que constituyen la columna vertebral del movimiento.
En pocas palabras, no todos los consensos son válidos ni todos los acuerdos son legítimos. Cuando se busca construir una alternativa ética y democrática, el fin no justifica los medios. Esta idea encuentra apoyo en la filosofía del derecho, donde distintos autores han defendido que la legitimidad política depende de la coherencia entre principios y acciones.
Carlos Santiago Nino, en La constitución de la democracia deliberativa, sostiene una concepción epistémica de la democracia deliberativa: el procedimiento deliberativo es el más confiable para acercarse a decisiones moralmente correctas, porque permite intercambiar razones, transformar preferencias y considerar de manera imparcial los intereses de todos los afectados.
Ronald Dworkin, en Law’s Empire, desarrolla la noción de law as integrity: el derecho y la comunidad política deben actuar conforme a principios de justicia, equidad y debido proceso, y no según cálculos de utilidad o conveniencia coyuntural.
Robert Alexy, en El concepto y la validez del derecho, plantea la doble naturaleza del derecho: una dimensión real o fáctica y otra ideal o crítica. Además, afirma que el derecho tiene una pretensión de corrección que incluye la corrección moral. Así, un acuerdo puede ser jurídicamente válido y, aun así, resultar defectuoso o ilegítimo si contradice gravemente los valores fundamentales que deben orientar la acción pública.
Estas perspectivas convergen en una conclusión común: la ética no es negociable cuando se pretende construir una alternativa política seria, coherente y transformadora.
Si el movimiento independiente quiere crecer, consolidarse y convertirse en una fuerza capaz de transformar el país, debe enfrentar con rigor y sin ambigüedades los mismos problemas que han debilitado a los partidos tradicionales, especialmente en asuntos como la revocatoria de mandato y la responsabilidad política de sus representantes.
En un movimiento amplio, es natural que no todos sus miembros actúen como deberían o que algunos cometan errores. Pero el proyecto colectivo debe estar por encima de las decisiones personales. Por ello, es sano, oportuno y legítimo que quienes no compartan las decisiones del movimiento puedan retirarse libremente y que quienes actúen movidos por el ego, el beneficio personal o negociaciones ocultas sean invitados a dejar la agrupación. La integridad del movimiento debe prevalecer sobre cualquier figura individual.
La construcción de una alternativa política ética exige reconocer, además, que no todo consenso es legítimo ni todo acuerdo es aceptable. La idea de que «el fin justifica los medios» ha sido precisamente uno de los factores que ha debilitado la credibilidad de los partidos tradicionales y erosionado la confianza ciudadana. Un movimiento independiente que aspire a transformar la política panameña debe rechazar esa lógica y afirmar que los medios importan tanto como los fines: la coherencia ética no es negociable.
En ese sentido, la consolidación de un movimiento independiente requiere una cultura interna de responsabilidad, donde las decisiones colectivas prevalezcan sobre los intereses individuales. La pluralidad es natural y deseable, pero cuando las posturas personales contradicen los principios fundamentales del movimiento, lo saludable es que quienes no se identifiquen con esas decisiones se aparten voluntariamente. Y cuando el ego impide reconocer errores, el movimiento debe contar con la capacidad institucional de pedir a esas figuras que se retiren, preservando así la integridad del proyecto.
Un movimiento amplio y diverso puede convertirse en una fuerza política decisiva, pero solo será una alternativa real si desarrolla mecanismos de fiscalización interna, corrige desviaciones y actúa con firmeza frente a conductas contrarias a sus valores. Esta práctica no es punitiva; es un ejercicio de madurez democrática que permitirá, en el futuro, gobernar con los mejores: personas que antepongan los principios al protagonismo personal, a los recursos económicos o a las conexiones políticas.
Si los movimientos independientes logran sostener esta coherencia ética, podrán convertirse en un referente para las demás agrupaciones políticas y contribuir a una transformación profunda de la cultura democrática panameña.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
