Nos referimos a Panamá de 1903 a 2018. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia alcanzó su nivel de crisis con el fallo del 7 de diciembre que se abstiene de intervenir, solapadamente, en el juicio condenatorio por corrupción de un expresidente con poder económico y político. En este mismo período, la Asamblea Nacional desatiende su función constitucional de nombrar o rechazar la nominación de magistrados de la Corte. Un gesto de rebeldía a la decisión tardía del Ejecutivo de sustituir a los magistrados una vez que cumplen con su mandato. El cierre de este colapso institucional, es la pasividad del Ejecutivo al declarar que ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, que según ellos es tramitar dichos nombramientos y no procurar su relevo constitucional.
Panamá tiene a la fecha poderes públicos disfuncionales y no se vislumbra actividad ciudadana a resolver dicha problemática.
En el primer período de la segunda República, 1903-1931, se dieron sobresaltos: el fracaso de los gobiernos conservadores.
La respuesta fue oportuna y eficaz: el surgimiento del liderazgo de Belisario Porras. Con su astucia política supo establecer la presidencia de su copartidario Rodolfo Chiari y con su polémica ilustrada contra Harmodio Arias Madrid y Ricardo J. Alfaro, logró estar presente en los gobiernos panameñistas, hasta su retiro definitivo.
En el segundo período: 1931-1941 la crisis se dilucidó en base a la intervención de los hermanos Arias Madrid y sus sagaces colaboradores.
La respuesta institucional fue contundente a la crisis desatada con la Segunda Guerra Mundial. Surge el personaje del Comandante en Jefe de la Policía Nacional que evolucionó a Comandante de la Guardia Nacional y a Comandante de las Fuerzas de Defensa. Este período de 1941 a 1968, políticamente, no se ha estabilizado.
Permanecen remanentes, aspectos como el papel del torrijismo en el liderazgo del mayoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), el papel determinante del Canal en el manejo financiero del país y la mentalidad de “juega vivo” de los miembros más sobresalientes de los tres poderes públicos. Lo más perjudicial del remanente torrijista es la contaminación de la mentalidad de los gobernantes panameños de que la mejor forma de mantenerse en el poder es mediante la “fuerza disuasiva” del componente armado. Esta mentalidad barre con el populismo arnulfista de los boinas negras y con el papel de las milicias populares de los años 30.
Este papel disuasivo del poder militar es la motivación principal de Juan Carlos Varela de hacerlo desfilar por dos horas en las pasadas fiestas patrias.
¿Qué perspectiva tiene la sociedad panameña para lograr en el 2019 liquidar el colapso de la II República, o al menos, recuperar la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Nacional y del Órgano Ejecutivo?
La respuesta institucional es las elecciones populares de mayo de 2019. Las consignas de la movilización son contradictorias: No a la reelección y más del 55% van a la reelección. Sí a los independientes y los partidos políticos reciben el grueso de las donaciones públicas y privadas. Necesitamos una constituyente y la población no se siente aludida y se dispone, en cerca de un 75%, a votar por candidatos y no votar en blanco.
Respuestas mesiánicas no se vislumbran en una sociedad descreída, respuestas de grupos ideológicos radicalizados no se conocen, respuestas de un “independiente” carismático siguen veladas por las delirantes ofertas publicitarias. Lo que mantiene en nuestro ánimo la esperanza de solución son las nuevas generaciones que enfrentan retos y las viejas generaciones que no aceptan la rendición como una opción digna. En esto consiste el advenimiento de una nueva República.
El autor es abogado y filósofo