En los actos patrióticos del 5 de noviembre en Colón, el alcalde Diógenes Galván lanzó un llamado que resonó más allá de la conmemoración histórica: alertó sobre una distorsión fiscal que mantiene a Colón sin los recursos suficientes para su desarrollo. Más de 2,600 empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón, los puertos marítimos y el Ferrocarril Interoceánico no pagan impuestos municipales, dejando al municipio sin la capacidad de financiar servicios, obras y atención comunitaria. Si bien es cierto que la Zona Libre de Colón aporta 360 mil balboas anuales, al Estado le transfirió B/. 29,236,147.00.
Históricamente, el municipio de Colón depende de la recaudación de impuestos locales para financiar su gestión, pero esta recaudación ha sido debilitada por regímenes especiales y contratos de alcance nacional que impiden que grandes actores económicos tributen al municipio.
Desde la perspectiva de los colonenses, esto representa una injusticia estructural: la ciudad que alberga y sostiene una parte fundamental de la economía nacional —a través de puertos que movilizan cerca de 6 millones de TEU (contenedores de 20 pies), según datos de la Autoridad Marítima de Panamá— no recibe una compensación proporcional.
Si todos estos sectores cumplieran con su obligación de tributación municipal, se estima una recaudación cercana a 1.3 millones de dólares mensuales, recursos esenciales que el municipio podría utilizar para enfrentar problemas sociales e invertir en infraestructura, servicios y oportunidades para la gente de Colón.
Pero para muchos colonenses este reclamo va más allá de las cifras: es una exigencia de justicia constitucional. La Constitución panameña, en su artículo 248, reconoce la autonomía fiscal de los municipios y señala que el Estado no podrá otorgar exenciones del pago de impuestos, tasas o derechos municipales. Por lo tanto, cualquier contrato que contemple tales exenciones constituye una violación flagrante de este principio constitucional.
En este contexto, como han expresado numerosos colonenses, el próximo contrato para la administración de los puertos —tras la salida de PPC— no puede repetirse sin una revisión fiscal profunda. Esa revisión debe:
Garantizar que las operaciones portuarias contribuyan al desarrollo local mediante un mecanismo tributario justo.
Establecer una tasa mínima razonable por contenedor movilizado, como la propuesta ciudadana de 0.50 centavos por contenedor, para asegurar que la actividad portuaria genere beneficios tangibles para la comunidad.
No se piden privilegios ni tratos especiales. Se exige lo justo. Si no se establece el pago regular de los impuestos municipales correspondientes, al menos debe contemplarse la implementación y ejecución de la Ley 32 de 1997, ley de Compensación Fiscal para Colón, mediante la cual se compensa al municipio por las exenciones fiscales otorgadas por el Estado en contratos-ley relacionados con los puertos, el ferrocarril y la Zona Libre de Colón. Esta norma, hasta el día de hoy, no ha sido cumplida por ningún gobierno, pese a que permitiría al municipio invertir en infraestructura, aseo, seguridad, espacios públicos y servicios básicos que hoy resultan insuficientes frente a la magnitud de la actividad portuaria.
El desarrollo no puede seguir siendo un concepto abstracto que pasa de largo por Colón. Cada contenedor que entra y sale de nuestros puertos utiliza nuestras vías, impacta nuestro entorno y se asienta en nuestro territorio. Es justo, entonces, que una parte de esa riqueza retorne a la ciudad.
Hoy, la clase política, los gremios comerciales y la sociedad panameña que quiere a Colón deben unirse y alzar la voz con respeto, pero con firmeza. El nuevo contrato portuario debe ser constitucional, equitativo y sensible a la realidad colonense. Colón no pide limosnas: exige justicia. Y la justicia comienza por cumplir la Constitución y reconocer el derecho de la ciudad a beneficiarse del motor económico que por décadas ha sostenido.
Porque sin Colón no hay puertos. Y sin justicia para Colón, no hay verdadero desarrollo nacional.
La autora es abogada.
