El 28 de enero se conmemora el aniversario de la inauguración del Primer Ferrocarril Transoceánico por Panamá, abierto al tránsito en 1855 como una de las grandes proezas de la ingeniería del siglo XIX. Concebido para unir los océanos Atlántico y Pacífico, el ferrocarril marcó un hito histórico mundial. Sin embargo, para el distrito y la provincia de Colón esta obra emblemática ha significado, más que prosperidad, una larga historia de exclusión económica y silenciamiento social.
Desde sus orígenes, el ferrocarril fue diseñado con una lógica extractiva: servir al comercio internacional y a intereses foráneos, no al desarrollo integral del territorio que lo hospedaba. Colón nació y creció alrededor de esta infraestructura, pero nunca fue integrada de manera real a los beneficios que generaba. El tren pasaba, la riqueza circulaba, pero no se quedaba. La ciudad se convirtió en un punto de tránsito, no en un centro de oportunidades.
A lo largo de las décadas, el discurso oficial ha insistido en presentar al ferrocarril interoceánico como un “activo estratégico” para el país. Sin embargo, cuando se analiza su impacto económico directo en Colón, las cifras sociales cuentan otra historia: altos índices de desempleo, informalidad, pobreza urbana, abandono de infraestructuras y una economía local que no logra despegar pese a estar anclada a uno de los corredores logísticos más importantes del mundo.
La empresa ferroviaria genera empleo limitado y altamente especializado, con escasa absorción de mano de obra local. No existe una cadena de valor significativa que dinamice el comercio colonense ni programas sostenidos de inversión social que compensen el uso intensivo del territorio. El ferrocarril atraviesa comunidades sin integrarlas; divide barrios sin conectarlos; utiliza suelo, puertos y vías sin retribuir de manera proporcional al entorno que los sostiene.
Uno de los aspectos más cuestionados por la ciudadanía colonense es el llamado “privilegio” de la empresa ferroviaria de no realizar pagos municipales, privando al distrito de ingresos esenciales para la prestación de servicios básicos. Esta exoneración, sostenida en el tiempo, resulta particularmente grave al confrontarse con el mandato constitucional que reconoce la autonomía municipal y el derecho de los gobiernos locales a percibir tributos por las actividades económicas que se desarrollan en su territorio. Mientras Colón enfrenta limitaciones presupuestarias severas, una de las empresas que más utiliza su suelo y su infraestructura opera al margen de estas obligaciones, profundizando la desigualdad territorial.
A ello se suma su nulo o insignificante aporte en materia de responsabilidad social empresarial, pese a que la legislación panameña y los estándares modernos de gobernanza corporativa exigen que las grandes empresas contribuyan activamente al desarrollo de las comunidades donde operan. No existen programas sostenidos y visibles de inversión social, ni iniciativas estructurales en educación, formación técnica, empleo local, recuperación urbana o fortalecimiento comunitario que compensen el impacto territorial de la actividad ferroviaria. La responsabilidad social no puede reducirse a acciones aisladas o simbólicas; debe traducirse en beneficios reales y medibles para la población.
Colón no reclama caridad ni privilegios. Reclama justicia territorial. Reclama que una infraestructura que utiliza su suelo, su historia y su posición geográfica contribuya de manera tangible a mejorar la calidad de vida de su gente. Reclama que el desarrollo no sea solo una palabra en informes corporativos, sino una realidad visible en calles, escuelas, viviendas y oportunidades.
A 171 años de aquella inauguración histórica, la pregunta sigue siendo incómoda pero necesaria: ¿desarrollo para quién? Celebrar su aniversario sin una reflexión crítica es perpetuar una narrativa incompleta que invisibiliza a quienes han vivido a la sombra de sus rieles sin beneficiarse de su velocidad.
El futuro exige un replanteamiento profundo de la relación entre el ferrocarril interoceánico y la provincia de Colón. No basta con conmemorar la historia; es imprescindible corregirla. Escuchar a Colón, invertir en Colón y reconocer que ningún proyecto puede llamarse exitoso cuando ignora sistemáticamente al territorio que lo hace posible.
La autora es abogada.
