Hace poco más de dos años, las calles de Panamá se llenaron de multitudes que exigían el cierre de la mina concesionada a Minera Panamá. Aquella victoria fue celebrada como un hito de soberanía ecológica. Rechazamos de manera contundente la minería metálica, desechando la idea de que nuestro territorio es únicamente un depósito de recursos para el mercado global. Sin embargo, mientras el eco de aquella gesta se disipa, una forma de extracción mucho más antigua, profundamente arraigada y casi sacralizada continúa operando, sin ser objeto de crítica, en el corazón del istmo: el Canal de Panamá.
Entre los mineros de los Andes existe un antiguo adagio que resume la tragedia de la dependencia: «Comemos de la mina, y la mina nos come a nosotros». En Panamá, hemos establecido un pacto fáustico de igual calibre. Comemos del Canal: sus peajes riegan las finanzas del Estado, sus divisas sostienen nuestro consumo y su eficacia hincha nuestro orgullo patrio. Pero, a un nivel más profundo, es el Canal quien nos consume.
El Canal rara vez se percibe como una mina, pues no extrae ni exporta cobre ni oro. Nos hemos convencido de que ofrecemos un «servicio» inagotable, basado en nuestra ubicación geográfica privilegiada; sin embargo, esta percepción es sumamente peligrosa. Estudios recientes de ecología política indican que esta megainfraestructura debe entenderse más allá de su función logística en el comercio internacional, revelando una variante hidráulica del extractivismo global. Cada barco que cruza las esclusas representa más que un logro de la ingeniería; constituye, en esencia, una exportación masiva de nuestra agua dulce. Estamos transformando un «fondo» crucial para la pervivencia —agua potable, biodiversidad, estabilidad climática— en un «flujo» efímero, desechado en pos de la acumulación de capital global. Al priorizar el tránsito de mercancías sobre la salud de la cuenca, establecemos una jerarquía de derechos desigual: actualmente, un buque Neopanamax tiene mayor prioridad sobre el agua del Lago Gatún que un niño en Arraiján o en La Chorrera.
La factura que nos pasan no es únicamente ecológica; forma parte de un espejismo político que hemos heredado. En 1999, celebramos que el Canal era nuestro, sin darnos cuenta de que la posesión de la que hablábamos era meramente administrativa: cambiamos de dueño de la llave, pero dejamos intacta la tubería. Así, el Estado nacional heredó la lógica desarrollista estadounidense, que para nosotros se transformó en un nacionalismo enraizado, un orgullo patrio hondo. Este nacionalismo nos ha convertido en sujetos con una relación extractiva con nosotros mismos y, sobre todo, con los desahuciados y con el territorio que nos vio nacer, territorio que cada panameño defendería con orgullo. En otras palabras, nuestro orgullo nacional se convirtió en el envoltorio de un contrato de arrendamiento a perpetuidad de nuestro sistema hídrico y de nuestra gente.
Como parte integral del nuevo «Consenso de la Descarbonización», el orbe nos exige celeridad. Las navieras reclaman rutas cortas para reducir su huella de carbono, pero esa eficiencia verde de escala planetaria se alimenta de nuestra entropía local: la salinización de nuestros campos, la ruptura de nuestro corredor biológico y la sed que ya asedia a nuestros pueblos. En este teatro global, Panamá no es solo el Puente de las Américas; es una pieza crucial del engranaje que nos mantiene atados a un futuro que nos despoja. En esta envergadura, no somos solo víctimas; somos la maquinaria que se devora a sí misma para lubricar un sistema que nos prefiere secos antes que lentos.
Dentro de esta arquitectura, incluso nuestro lema nacional, «Pro Mundi Beneficio», se revela como la inscripción de una servidumbre geográfica: un mandato estructural que coloca el beneficio del capital transnacional por encima del bienestar biológico de la República. Esta lógica es gestionada por una tecnocracia que se proyecta como impecable y despolitizada, blindada por una supuesta neutralidad técnica que le permite operar de espaldas a las provincias y a las cicatrices ecológicas que no caben en sus balances financieros. Al final, hemos aceptado que nuestra única existencia viable en la economía política global es la de una plataforma que subasta su integridad ecosistémica al mejor postor, convirtiendo el orgullo de la reversión en la gestión profesional de nuestra propia desposesión.
Por tanto, ha llegado la hora de encarar la pregunta: si el Canal tiene que secar nuestros grifos para engordar las arcas del Estado, ¿seguimos siendo sus legítimos dueños, o nos hemos reducido a ser la mera mano de obra que mantiene abierta la vena por la que se desangra nuestra riqueza natural?
La autora es investigadora doctoral en Relaciones Internacionales de la Universitat Autònoma de Barcelona y asistente de investigación en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.
