Panamá amanece con un nuevo golpe al erario público. Bajo el escudo de una mal entendida “justicia social” y una interpretación, divorciada de la realidad, del principio de igualdad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo que, en la práctica, se traduce en un despojo legalizado de los bolsillos de los contribuyentes. Al declarar inconstitucionales los numerales 1 al 8 y el 10 del artículo 1 de la Ley 241 de 2021, la Corte ha extendido el derecho a la prima de antigüedad a los más altos cargos del engranaje gubernamental.
¿Qué significa esto en el mundo real? Que ministros, viceministros, directores de entidades, administradores, gerentes de sociedades estatales e, indignantemente, los funcionarios escogidos por elección popular ahora se llevarán a casa un jugoso botín al terminar sus períodos. Personajes que llegaron al poder con pleno conocimiento de la temporalidad de sus cargos y que han gozado de los salarios más altos de la administración pública y de canonjías adicionales ahora recibirán una bonificación de salida pagada con el sudor de la clase trabajadora, contrariando la propia motivación del fallo que indicó que “esta indemnización tiene fundamento de justicia social, basado en el derecho que le asiste al trabajador para que sus energías gastadas por el esfuerzo productor, en favor del empleador, tengan una retribución específica proporcionada al tiempo en que han trabajado para este”. (Cita del fallo objeto de análisis).
La Ley 39 de 2013 y posteriores modificaciones intentaron extender este derecho al sector público, pero siempre guardando la lógica reserva de excluir a la élite del poder gubernamental. Leyes posteriores, como la Ley 23 de 2017 y la reciente Ley 241 de 2021, mantuvieron esa cordura.
El argumento jurídico esgrimido por los magistrados se ampara en que la prima de antigüedad es un “derecho adquirido que es intrínseco al trabajo” y que excluir a estos funcionarios violenta la Constitución. La interpretación hecha por la Corte ignora deliberadamente la naturaleza del servicio público de alto nivel. Un ministro de Estado o un diputado no es un obrero en situación de vulnerabilidad; es un individuo investido de poder, privilegios y una remuneración cuantiosa diseñada, precisamente, para compensar la alta responsabilidad y la temporalidad de su gestión.
La indignación ciudadana no es teórica, es una herida abierta en las calles. Hace poco, el país fue testigo de una escena dantesca en las inmediaciones de la Alcaldía de Panamá. Decenas de exfuncionarios de bajo rango fueron rociados con gas pimienta, sometidos con violencia y tres de ellos terminaron aprehendidos por solo exigir el pago de sus prestaciones laborales y de esa misma prima de antigüedad que ahora se les garantiza a los altos mandos, incluyendo al señor alcalde.
Esa es la cruda y amarga realidad del servidor público de base. Cuando el oficinista, el trabajador manual o el humilde funcionario es despedido, la institución de turno le cierra las puertas en la cara alegando “falta de presupuesto”. El trabajador de a pie se ve obligado a peregrinar de oficina en oficina, pasar años sin cobrar un centavo y, en un acto de extrema desesperación, asumir gastos legales que no puede pagar para demandar al Estado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
El impacto presupuestario de esta decisión judicial será devastador. Estamos hablando de liquidaciones calculadas sobre sueldos altísimos en los casos de los nuevos funcionarios que el fallo ha amparado. Además, la carga financiera recaerá íntegramente sobre la última entidad en la que laboró el alto funcionario.
El ciudadano panameño, el mismo que madruga en el transporte público, se convierte hoy en el financista involuntario de la liquidación millonaria del político de turno en materia de prima de antigüedad. En conclusión, tratar como iguales a quienes están en posiciones de evidente ventaja económica y política no es justicia; es un privilegio descarado disfrazado de derecho laboral.
El autor es abogado.
