Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, Oscar Wilde escribió “todo arte es completamente inútil,” y aunque se refería a su valor intangible, a veces esta parece ser la percepción que tiene el Estado hacia las artes.
Aun así, las industrias creativas y culturales, representan el 6.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, según data recolectada en 2016 por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. A sorpresa de más de un padre de familia angustiado porque su hija se ha matriculado en la facultad de Bellas Artes, esta cifra indica que este sector económico genera tanto como el Canal de Panamá, el cual en promedio aporta un 6.8% del PIB anual. Sin embargo, tal como ocurre con el Canal, estos números no se reflejan en la infraestructura cultural ni en la calidad de vida de los artistas.
Los intentos estatales de popularizar las artes han sido precarios y tampoco han estado exentos de casos de corrupción. La anticipada transformación del Instituto Nacional de Cultura a ministerio en 2019, se vio inmediatamente empañada por la pandemia, el escándalo de una denuncia penal por corrupción y la subsecuente renuncia del exministro.
Cada año, el Ministerio de Cultura (MiCultura) incluye en su presupuesto prometedoras inversiones sin muchas garantías para los artistas o la población en general. Para el 2023 se contempla un presupuesto de $52.2 millones, de los cuales 31.7 millones son para inversiones de infraestructura, como el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta), el Instituto Abel Bravo en Colón, y la mítica Ciudad de las Artes. Estos proyectos faraónicos han estado desarrollándose por años. El Marta, por ejemplo, aparece citado en los presupuestos del Ministerio desde su creación. Según MiCultura estos proyectos ayudan “directamente a la reactivación económica de las comunidades donde están.” Sin embargo, los comunicados sobre estos proyectos no pronostican el beneficio para estas comunidades y sus artistas en cuanto a trabajos permanentes, directos, o indirectos, más allá de la duración de estas obras de restauración y/o construcción.
Precisamente, el teatrista, y economista Javier Stanziola se ha referido al arte como “la cara bonita de la desigualdad”. Esta desigualdad es evidente en Santa Ana, el barrio del Marta, donde los espacios son restaurados a favor de la especulación inmobiliaria. Para los habitantes que llevan generaciones en Santa Ana es cada vez más común vivir rodeados de nuevas galerías, teatros, festivales de moda y arte, pero rara vez se ven beneficiados a largo plazo por las ganancias de estas actividades económicas.
Los resultados de un estudio realizado en 2020 por MiCultura sobre las industrias creativas y culturales dejó visible la poca rentabilidad del oficio para los artistas. En artes visuales, por ejemplo, 33% de los artistas declararon que no facturan. Esta es una realidad bien conocida en un rubro que se recomienda tener como pasatiempo a la par de una profesión de “verdad”. Como observa la crítica de arte Adrienne Samos en su libro Divorcio a la Panameña, los artistas en Panamá trabajan en otros empleos como “videastas y fotógrafos publicitarios, diseñadores gráficos, ingenieros electrónicos o arquitectos, y hasta médicos y abogados”, que les brindan la estabilidad que las artes no pueden darles.
Esta precariedad ha exacerbado el prejuicio de que las profesiones artísticas son únicamente sostenibles para personas con acceso a un fideicomiso. Mientras no exista acceso a seguridad social para los artistas, e iniciativas que promuevan consumo nacional y extranjero de arte panameño, esta ocupación seguirá siendo insostenible para la clase trabajadora.
En un comunicado sobre la Ciudad de las Artes, programada para ser completada a finales del 2022, la actual ministra de cultura dijo que “Panamá [iba] a respirar cultura y arte,” esperemos recuerde que del amor al arte no se vive.
La autora es artista, comunicadora y amiga de Fundación Libertad
