El legendario reporte del Instituto de Medicina de Estados Unidos de 1999, titulado “Errar es humano”, estimó que ocurren 98 mil muertes por errores en el cuidado de la salud por año en ese país. Un estudio más reciente del año 2013 no ofreció ningún consuelo, al calcular las muertes por esta razón entre 210 mil y 400 mil por año, siendo los errores médicos una de las primeras seis causas de muerte en las estadísticas de mortalidad.
El error médico se define como un efecto adverso prevenible que ocurre como consecuencia de la atención. Y estos pueden ocurrir con o sin daño para el paciente. Entre los problemas más comunes están diagnósticos equivocados, transfusiones inadecuadas, sobre o subtratamiento, errores quirúrgicos y confusiones relacionadas a la identidad de los pacientes. Una de las conclusiones más importantes del informe del Instituto de Medicina fue que la mayoría de los errores no es por el resultado del descuido de una persona, sino fallas en los sistemas, procesos y condiciones de trabajo que llevan a los trabajadores de la salud a cometer errores o a no prevenirlos. Por ello, ahora existe un énfasis tremendo en la seguridad y calidad de la atención y se han implementado muchos cambios y protocolos para, en alguna forma, disminuir estos errores.
En Panamá, no existe un estudio sistemático que cuantifique el número de errores o que analice de manera integral sus causas, pero estoy seguro de que ocurren en un porcentaje al menos similar, sino mayor, que en los países con sistemas de salud más sofisticados.
Todos sabemos los enormes problemas que enfrenta a diario nuestro sistema público de salud con la falta de medicamentos, los retrasos en la atención y la no disponibilidad de citas, la escasez de especialistas en ciertas regiones y, por supuesto, la corrupción y politización del sistema. Así que es lógico suponer que, en un ambiente laboral con menos recursos, siempre en crisis y con el quita y pon de directivos de acuerdo con los vaivenes políticos, los errores médicos muy probablemente ocurren con frecuencia. Y ocurren a pesar de la calidad de los profesionales y el esfuerzo que realiza la mayoría por ofrecer la mejor atención en el marco de sus circunstancias.
Por ello, me ha dolido tremendamente ver en las noticias la revocación de la sentencia absolutoria y condena a prisión de dos trabajadores de la salud por las muertes de los recién nacidos en la Caja de Seguro Social (CSS). Al margen de los detalles y alegatos específicos del proceso legal, a los que no tengo acceso, en mi obviamente sesgada opinión, un evento como el ocurrido difícilmente puede imputarse directamente a dos individuos. Cuando en un sistema de salud con todas las limitaciones y problemas como la CSS, donde la compra y disponibilidad de los medicamentos no es decisión de una sola persona y con frecuencia hay que trabajar con lo que se tiene, el condenar específicamente al jefe de la sala y a una farmacéutica por lo que en el mejor de los casos fue un error de todo un sistema, es excesivo y hasta contraproducente.
En nuestro país, han ocurrido varios desastres como resultado de la atención médica: los pacientes sobreirradiados en el Oncológico, la intoxicación masiva con el dietilenglicol y la dolorosa muerte de los neonatos. Es evidente que, aunque siempre puede existir un grado de responsabilidad individual o de un grupo, son los procesos, el sistema y el ambiente donde estos eventos han tenido lugar los que realmente contribuyen a que ocurran. Mas que buscar el castigo de una o varias personas, como para dar el ejemplo, es imperativo buscar las verdaderas causas que subyacen en procesos de compra inoperantes y a veces corruptos y en la falta de supervisión adecuada, y crear una cultura de seguridad y atención de calidad.
En la muerte de los recién nacidos, se implicó al alcohol bencílico usado como preservante de la heparina. La heparina es un anticoagulante utilizado en los neonatos para prevenir coágulos cuando tienen catéteres y reciben alimentación intravenosa. Esta misma heparina implicada en las muertes se había usado por meses, sino años, en la sala de neonatología, sin que ocurriera ningún evento similar. Y aunque se sabía que este tipo de heparina con alcohol bencílico no era recomendada en neonatos, por la posible toxicidad del preservante, esta era la heparina que compraba la CSS y la que se utilizaba en todo el hospital. Como dije, yo no conozco todos los detalles y alegatos del caso y si hubo un error o no en la dosificación o preparación de la heparina. Lo cierto es que me parece difícil que se pueda acusar y condenar por homicidio culposo a dos personas por un evento cuya causalidad es compleja y ocurrió en un sistema con todas las falencias que a todas luces tiene nuestro sistema público de atención.
Mi opinión sobre este caso, como mencioné, está matizada por la admiración y respeto hacia los acusados. Al doctor Sierra lo conozco desde hace muchos años y sé que ha dedicado su vida y sus esfuerzos al cuidado y atención de los recién nacidos y niños de nuestro país. Pero en cierta forma, entiendo cuál es la misión del Ministerio Público en este tipo de casos y su afán por encontrar culpables y, de esa forma, intentar aplacar o responder al inmenso dolor de esos padres y madres que perdieron a sus hijos. Sólo espero que todas las muertes ocurridas en los diversos desastres de salud y los años de privación de libertad de quienes, en mi opinión, no son los verdaderos o únicos responsables, sirvan para algo positivo y que realmente mejore el sistema de atención de salud y se prevengan situaciones como estas en el futuro.
El autor es médico, especialista en enfermedades infecciosas
