La expresión se utiliza cuando alguien se encuentra o se siente en un ambiente incómodo, amenazante o vulnerable ante una situación determinada. Tal podría ser el escenario en el que se encuentran buena parte de los panameños, ante la intempestiva aprobación unilateral del Gobierno nacional, por parte del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), de la resolución que permite a Minera Panamá (First Quantum) procesar, exportar y comercializar el material rocoso expuesto en la mina Cobre Panamá, en Donoso, al margen de la inexistencia de un contrato vigente con dicha empresa, así como de la culminación de las auditorías ambientales y forenses requeridas como insumo básico para una evaluación seria y objetiva que, al respecto, el actual gobierno se comprometió a considerar, a fin de no caer en los desatinos, apresuramientos e improvisaciones que históricamente, en materia de concesiones y contratos, han caracterizado a nuestro país, con los nefastos resultados ya conocidos.
Las democracias se fundamentan y sostienen en el respeto a las leyes y en el delicado equilibrio que debe existir entre el ejercicio del poder y el derecho de los ciudadanos a saber cómo se administran los recursos públicos. Ese equilibrio exige una premisa clara: el interés general no es accesorio, es central e insustituible.
En este contexto, resulta inadmisible que el actual gobierno haya decidido desconocer la voluntad del pueblo en las calles, así como el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, en su momento, declaró inconstitucional el contrato del Estado panameño con Minera Panamá, y que, de un plumazo, otorgue el aval para que, en la práctica, esta misma empresa reinicie operaciones de procesamiento, exportación y comercialización bajo los mismos y leoninos parámetros de un contrato declarado ilegal por la CSJ.
¿Con qué autoridad moral el gobierno nacional se atreve a argumentar, ante los ojos del mundo, que respeta y se fundamenta en las decisiones de la CSJ para decidir —con buen tino, como en efecto lo hizo— la salida de Panamá Ports de los puertos de Balboa y Cristóbal, y, en contrapunto, hace lo contrario con respecto a Minera Panamá, so pretexto de que, si no abrimos la mina a como dé lugar, nos morimos de hambre los panameños?
Respecto a la vigencia de la Ley 407 de 2023, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, el ministro Moltó reafirmó que el Ministerio de Comercio e Industrias reconoce plenamente esta normativa. No obstante, y paradójicamente, advirtió que no se ha otorgado ninguna nueva concesión minera ni se ha reactivado ninguna operación de extracción prohibida. Dichas declaraciones resultan abiertamente contrastantes con el texto de la Ley 407, aprobada el 3 de noviembre de 2023, que establece una moratoria indefinida sobre la minería metálica en Panamá, prohibiendo la extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional.
Como era de esperarse, la empresa First Quantum Minerals Ltd., a través de Tristán Pascall, director ejecutivo de la compañía, expresó a los medios su satisfacción por la reciente decisión adoptada por el gobierno nacional y mostró su disposición a reiniciar operaciones en la mina Cobre Panamá. Por su parte, Severo Sousa, presidente de la Cámara Minera de Panamá, indicó que la autorización para procesar el material expuesto representa un paso importante y aseguró que generará un impacto económico positivo por la inversión que representa.
En consecuencia, no resulta casual que la empresa minera en cuestión sea patrocinadora de equipos de béisbol, se publicite en medios televisivos y esté presente en ferias del país promoviendo la minería como la panacea para los problemas nacionales. Del mismo modo, por parte del gobierno panameño, el Ministerio de Educación ha modificado diligentemente los contenidos del programa curricular de Química, incorporando la minería en Panamá como eje de estudio dentro de la “Metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos” para estudiantes de duodécimo grado, una decisión que reabre el debate en las aulas sobre una actividad que ha polarizado al país.
En reiteradas ocasiones, el presidente Mulino se ha manifestado en el sentido de que su gobierno actuará siempre con transparencia, responsabilidad y sentido de patria, asegurando que cada decisión se sustente en la ley y en la evidencia técnica. Del mismo modo, ha destacado la importancia de la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana como pilares fundamentales para garantizar que las operaciones mineras respeten los derechos del Estado y de la población en general. De manera puntual, el presidente José Raúl Mulino ha señalado que, con base en la información y los indicadores técnicos, el gobierno nacional tomará una decisión respecto de la reapertura o no de la mina a mediados de junio del presente año.
Quiera Dios que lo que estamos observando no sea el preámbulo de una decisión que, finalmente, y a la vieja usanza del antiguo imperio romano, se adopte por decreto, en lugar de recurrir a la consulta ciudadana o referéndum, como lo sugiere el buen juicio.
El autor es escritor y pintor.
