Panamá enfrenta hoy una crisis estructural en el acceso al agua potable y al saneamiento que afecta a miles de ciudadanos y compromete la salud pública, la productividad económica y la seguridad nacional. Esta situación no responde a una falta de recursos hídricos, sino a debilidades profundas de gobernanza, fragmentación institucional, marcos legales desactualizados y prácticas de gestión ineficientes. La reciente inestabilidad en la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) confirma que el problema es sistémico y que las soluciones coyunturales ya no resultan suficientes.
La propuesta de transformación del sector de agua y saneamiento ofrece una salida estructural y sostenible. Parte del reconocimiento de que mantener el estatus quo no es opción, pero que privatizar el servicio tampoco resulta viable. Panamá ya cuenta con un modelo exitoso de empresa estatal moderna, autónoma y eficiente: el Canal de Panamá, cuya gobernanza ha demostrado que el Estado puede gestionar activos estratégicos y recursos hídricos con transparencia, excelencia operativa y estabilidad a largo plazo.
¿Por qué esta propuesta es necesaria?
• La gestión del agua está dispersa entre más de 15 entidades, lo que diluye responsabilidades y dificulta la toma de decisiones.
• Existen múltiples leyes y normas desactualizadas, sin armonización ni una visión integral de seguridad hídrica.
• Las fallas actuales son de gobernanza y liderazgo, no de carácter técnico ni financiero.
• El acceso al agua potable debe abordarse como un derecho humano y un asunto de seguridad nacional, no solo como un servicio público.
¿Por qué es factible?
La propuesta plantea una implementación por fases, comenzando con la creación —mediante una ley marco— de una nueva empresa estatal (similar a ETESA, Tocumen, S.A. o el Metro de Panamá) con autonomía administrativa y financiera, responsable del ciclo integral del agua a nivel nacional.
Esta entidad integraría inicialmente al Idaan y al Programa de Saneamiento de Panamá, generando economías de escala, mayor eficiencia operativa y una clara rendición de cuentas, además de brindar apoyo técnico a los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario en zonas rurales.
Su gobernanza se sustentaría en:
• Una junta directiva con funciones claras y criterios técnicos, socialmente sensible y con buenas prácticas de gobierno corporativo.
• Reglamentos, controles internos, sistemas financieros y de recursos humanos inspirados en el modelo del Canal de Panamá.
• Selección meritocrática, pública y transparente de su administración, blindada de interferencias político-partidistas.
• Auditorías internas y externas, así como control fiscal permanente.
¿Por qué es oportuna?
El país se encuentra en un momento crítico que exige liderazgo y decisiones de Estado. La crisis actual del sector agua, sumada a la pérdida de confianza ciudadana en la gestión del Idaan, abre una ventana histórica para impulsar una reforma estructural alineada con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 y con una visión de largo plazo que trascienda los ciclos políticos.
Igualmente, la creación de un nuevo ente rector del ciclo del agua, como órgano asesor del Estado, fortalecería la coordinación interinstitucional, la planificación estratégica y la coherencia de las políticas públicas en materia de agua, basadas en los principios de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
En conclusión
Esta propuesta no es un experimento ni una improvisación. Se trata de una solución integral, probada en su enfoque de gobernanza y diseñada para devolverle al Estado la capacidad de garantizar agua potable y saneamiento de forma eficiente, equitativa y sostenible.
Adoptarla enviaría una señal clara de compromiso presidencial con la seguridad hídrica, la dignidad y la salud de los ciudadanos, así como con el desarrollo sostenible del país, en consonancia con los artículos 118 y 110, numeral 4, de la Constitución Política de la República de Panamá.
El autor es miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro Rescate del Agua.
