Las actuales huelgas y protestas de ciertos sectores de la población —que exigen la derogación de la Ley 462 de 2025, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social— nos enfrentan a una situación institucional que trasciende la coyuntura. Debería motivarnos a cuestionar y debatir las formas en que debe ejercerse la voluntad de la mayoría ciudadana, conforme al derecho positivo en una democracia representativa.
Existen gremios y sindicatos cuya relevancia para la calidad de vida de la sociedad conlleva una mayor responsabilidad. Por ello, deben ser plenamente conscientes del alcance de sus actos, especialmente cuando alegan tener la vocación de servir. Esto incluye a los pacientes del sistema de salud y a los estudiantes del sistema educativo, ambos en estado crítico.
Los grupos opositores rechazaban el aumento de la cuota del trabajador, el alza en la edad de jubilación y el traspaso del sistema de reparto a uno de capitalización individual, con diversificación del riesgo y maximización del rendimiento, como permite el modelo del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP). Lograron su cometido en cada uno de estos aspectos. Además, buscaban mantener un esquema de reparto, lo cual se conserva mediante el sistema nocional que la ley denomina “sistema de capitalización con garantía solidaria”. Este es más sostenible financieramente y más equitativo, al incluir por primera vez la indexación de las pensiones y garantizar un mínimo solidario.
En resumen, todo indica que los grupos que protestan lograron sus objetivos. Entonces, ¿cuál es el motivo actual de su insatisfacción? Quizás la respuesta esté en que la nueva ley elimina buena parte de la influencia que estos gremios y sindicatos ejercían en los nombramientos, despidos y control del sistema de citas médicas. Por otra parte, exigen que el Estado aumente sus aportes anuales, lo cual implica mayor carga fiscal para todos los contribuyentes, no solo para la clase política o empresarial. Las consecuencias de ello podrían ser un aumento del déficit fiscal y la pérdida del grado de inversión ante las calificadoras de riesgo que aún lo otorgan. Además, resulta inviable mantener un sistema de beneficio definido, considerando que, por razones demográficas, el pensionado promedio recibe mucho más de lo que aportó durante su vida laboral.
Los amplios períodos de consulta ciudadana derivaron en una versión final que dista sustancialmente del proyecto original presentado por el Ejecutivo. Esto demuestra que la ley aprobada por la Asamblea Nacional fue producto del consenso entre fuerzas políticas elegidas democráticamente, tras diversas consultas y audiencias.
Debemos cuidarnos de confundir las manifestaciones de cientos o miles de personas con la expresión de la mayoría del país. Este es un error frecuente, pues ignora el fenómeno de la mayoría silenciosa. La voluntad de la mayoría no puede medirse por el tamaño de las protestas ni por encuestas, muchas veces poco confiables o inexactas. La única forma legal y certera de conocer esa voluntad es a través de las urnas: elecciones, referendos o plebiscitos. Ejemplos de ello son las protestas multitudinarias en el Reino Unido contra el Brexit o las recientes en Uruguay para blindar la edad de jubilación en la Constitución. En ambos casos, las urnas dieron la victoria a la mayoría silenciosa.
Podrán disgustarnos —e incluso ofendernos— la conducta del presidente o de ciertos diputados, pero fueron elegidos por mayoría en nuestra democracia representativa. Como ciudadanos responsables, debemos respetar las leyes aprobadas dentro del marco legal vigente. Cuando una nueva ley contradice los valores o intereses de determinados grupos, estos tienen pleno derecho a manifestarse, siempre que no transgredan los derechos ajenos, y pueden castigar a los gobernantes en las urnas: la verdadera herramienta de la democracia.
Incluso si las actuales reglas del juego no nos agradan, deben modificarse mediante los mecanismos legalmente establecidos. Pero permitir que un grupo imponga su voluntad por encima de la mayoría debidamente representada por autoridades electas equivaldría a desconocer la esencia misma de la democracia y del Estado de derecho.
El autor es abogado.
