Cuatro empresas que confesaron haber pagado coimas hace nueve años siguen acumulando millones en contratos con el Estado. Se trata de Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC, todas señaladas en el caso Blue Apple. En otros países este hecho sería un escándalo: se exigiría dejar de contratar con quienes se enriquecieron indebidamente con los dineros de todos se pediría legislar para impedirlo. En Panamá, en cambio, la repetición anestesia: el predominio de las empresas más deshonestas en las contrataciones públicas se ha vuelto parte del paisaje.
Desde que estalló el caso Odebrecht se han presentado varias iniciativas legislativas para impedir que empresas condenadas o salpicadas por la corrupción sigan contratando con el Estado. Todos los intentos han fracasado al tropezar contra el mismo muro: la falta de voluntad política. Más de una década de “armónica colaboración” entre el Ejecutivo y el Legislativo al servicio de la impunidad.
Y tampoco hay razones para pensar que eso cambiará ahora. Este es un gobierno que se define como “de empresarios y para empresarios”. Bajo esa lógica, es ilusorio pretender que les pondrá límites con alguna reforma a la Ley de Contrataciones Públicas. Lo prometió el año pasado, pero es altamente improbable que se le cierren las puertas a las empresas corruptas. Por algo, las licitaciones transparentes y competitivas se han vuelto una especie en vías de extinción. Aquí lo único que avanza “con paso firme” es la podredumbre.
Pero Mulino no inventó el sistema, solo lo continuó con su estilo. Esta capacidad de aparentar cambios para asegurar la continuidad de la estructura de poder la ilustró, como pocos, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en su novela El Gatopardo. Lo hizo la aristocracia siciliana en el siglo XIX y se aplica a la perfección en el Panamá de hoy: son los mismos perfiles de contratistas y contratantes, el mismo modus operandi, los mismos bancos, abogados y aseguradoras.
El caso Blue Apple data de los tiempos de su padrino político, Ricardo Martinelli. Luego Juan Carlos Varela aplicó con destacada destreza el manual: pretender que todo cambie, para que nada cambie.
Las investigaciones de la Procuraduría de Kenia Porcell en el caso Blue Apple terminaron en acuerdos de “colaboración eficaz” con los dueños de las empresas señaladas, que resultaron ser muy eficaces… pero solo para ellos. Pactaron con el Ministerio Público y se salvaron de ir a la cárcel.
La estocada final durante este periodo la dio el propio presidente Varela, que les ofreció a las empresas donar a su programa de construcción de escuelas a cambio de seguir contratando con el Estado. Esta acción abiertamente ilegal e inmoral la justificó con una lógica religiosa: la “corrección fraterna”. Así, un empresario como Carlos Cerdas, dueño de Meco, quedó “bendecido” en Panamá, mientras en su natal Costa Rica continúa enfrentando un proceso penal.
Cortizo y Carrizo no buscaron excusas para contratar con los mismos. La empresa Bagatrac fue donante de campaña del PRD y luego acumuló $219 millones en contratos con el MOP. Pero la impunidad también se traslada a los ámbitos político y social. Alberto Jurado, dueño de la empresa, ha sido electo dos veces como representante por la libre postulación en Boquerón, Chiriquí. Además, “Beto Bagatrac” fue el abanderado en la última cabalgata de San José en David. Entre música y fuegos artificiales se trepó a la tarima encabezando la celebración. ¿Habrá alguna imagen más representativa de un Estado que baila con la corrupción… y de una sociedad que aprendió a convivir con ella?
No hemos cumplido ni dos años del gobierno de José Raúl Mulino y entre Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC ya suman $376 millones en contratos. Hace semanas, el ministro de Economía y Finanzas dijo que en Panamá hablábamos de millones como si nada. Tiene razón. Pero esa costumbre no nació sola: es el resultado de años de contratos directos, sobreprecios y un verdadero contubernio con las empresas corruptas. Una cultura que el gabinete al que pertenece ha continuado con eficacia inquietante.
Al final, hay que reconocerlo: en Panamá sí avanzamos “con paso firme”. Lástima que sea para afianzar la corrupción. Por algo decidieron ponerlo hasta en las placas de los carros.
