Pasar del sector privado al público es complicado. Pero si se hace después de una larga trayectoria como empresario, la cosa debe ser infinitamente más difícil. Y es que eso de que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les permite y, en consecuencia, son responsables cuando violan la Constitución y las leyes, así como por las extralimitaciones u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones (artículo 18 de la Constitución), debe ser algo complicado de entender para algunos. Especialmente si se ha sido siempre dueño de finca o un privilegiado de toda la vida.
Imagino que no es fácil asimilar las reglas del Estado de Derecho que incluyen separación de poderes, independencia de la justicia, rendición de cuentas y respeto institucional, cuando se ha vivido en un entorno donde se es la persona que pone las reglas y decide quiénes las deben cumplir y quiénes pueden saltárselas.
Se trata de un tema que tiene aristas psicológicas que pueden producir confusión. Por ello se requiere un período de adaptación que, evidentemente, debe transitarse de la mano de buenos asesores que sepan y puedan decir “así no es”.
El problema se convierte en algo de gran relevancia y gravedad cuando el menosprecio a las reglas del Estado de Derecho impacta el desempeño del país y marca de forma negativa su trayectoria en las mediciones internacionales.
Por ejemplo, la Intelligence Unit de la prestigiosa revista The Economist, que evalúa la salud de la democracia de 167 países y territorios. Este índice tiene tres categorías: democracias plenas, democracias imperfectas y regímenes no democráticos. Panamá lleva ya varios años en la categoría de “democracia imperfecta”, pero a solo un punto de pasar a ser considerado no democrático. Y es que realizar elecciones medianamente limpias no es suficiente para ser calificados como un país democrático. Se requiere mucho más.
Otro caso es el del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Aquí se define el Estado de Derecho como un sistema permanente de leyes, instituciones, normas y una comunidad comprometida con cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y acceso a una justicia imparcial. Muy claro.
En este índice Panamá está en el puesto 73 de 143 países y territorios, siendo los países escandinavos los mejores, y en nuestra región Uruguay en el puesto 23; mientras los peores son Camboya, Afganistán y Venezuela. Evidentemente estar en el puesto 73 no es para sentirse orgulloso.
En el Global State of Democracy Report de 2025 de IDEA Internacional, Panamá se ubica en el puesto 62 de 173 países. Este índice mide Representación, Derechos, Estado de Derecho y Participación. En esa medición sacamos el puntaje más bajo en la categoría Estado de Derecho.
Obviamente no puedo dejar de mencionar el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, en el que Panamá está estancada hace rato con una puntuación de 33/100, cuando la media de la región es 42/100.
Este índice refleja con claridad la falta de acción de Panamá. Urgen leyes para proteger a los denunciantes, para facilitar la investigación de los tan comunes enriquecimientos no justificados, aumentar las penas para los delitos contra la Administración Pública, hacer más estricta la regulación sobre conflictos de intereses, transparencia en las contrataciones públicas con información sobre beneficiarios finales y, por supuesto, designar en los órganos de control a personas idóneas e independientes. Mientras esto no ocurra, reinará la impunidad y la corrupción seguirá gozando de buena salud.
Todas estas fallas sistémicas se multiplican cuando se producen los cambios de gobiernos, al sustituirse a los funcionarios por militantes del partido ganador —calificados o no—, perdiéndose la experiencia y formación. Se descartan los proyectos en marcha y, como cereza del pastel, llegan aquellos que nunca han pedido permiso para entrar, sino que dan patadas y tumban puertas.
Un lamentable ejemplo de esto lo dio el contralor, Anel Flores, al llegar pisando fuerte a una fiscalía donde funcionarios de la Contraloría —no sus funcionarios— debían ratificar sus informes en un caso que, por lo demás, resulta sospechosamente poco importante. ¿Un millón y tanto para un funcionario que fue el amo y señor de la cosa pública en la pasada Administración? A mí me resulta curioso.
Puede ser que el señor contralor siga confundido sobre lo que puede o no hacer dada su experiencia empresarial y finquera, pero lo que hizo lastimó de manera importante la institucionalidad y el Estado de Derecho. Cometió un delito y la justicia debe pronunciarse.
En realidad la lista de sus desatinos no es corta. Solo citaré su oposición a las reformas para combatir la corrupción que impulsó el Procurador de la Nación, su irrespeto a la autonomía municipal con el caso de la basura de San Miguelito o sus recientes acciones contra el equipo de diputados de Vamos.
El contralor general de la República debe rendir cuentas de sus actos, porque el Estado panameño no es su finca.
La autora es presidente de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI.
