La procuradora de la Nación y el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, en su pugilato, han sido citados por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo. El estribillo es el de siempre: “que se conozca la verdad; que se presente la denuncia; que se nombre una comisión”, para que nada cambie.
En Panamá, los puestos de mando y jurisdicción son inamovibles y nadie renuncia. Para oscurecer más el panorama, se apunta en las denuncias a lo periférico, como en la trillada solicitud de que se publique la planilla de la Asamblea, cuando el hecho punible radica en la mera existencia de semejante planilla. De pronto, la misma está suspendida en un limbo expectante de que se vuelvan a alinear los planetas de los tres órganos en aras de la supervivencia política de todos sus integrantes. Entonces, la tan denostada planilla, subrepticia como gato, volverá a extender sus garras sobre el erario público y aquí no pasó nada.
Al tiempo que tantas cosas intentan cambiarse para que todo siga igual, para ver más de lo mismo, nuestro Órgano Judicial permanece incólume en su derrumbe. Los juzgados de circuito funcionan en instalaciones de la antigua Zona del Canal, de estructura de asbesto, cuya alta toxicidad afecta al personal y a los usuarios. Carentes de archivadores, los expedientes yacen desparramados por el suelo, como un emblema de Lo que el viento se llevó.
Dentro de la tendencia de mejorar las cosas para empeorarlas, el flamante presidente encargado de la Corte tuvo la feliz ocurrencia de trasplantar los despachos del Tribunal Superior y tres juzgados a la vera del parque Urraca, edificio BAC, donde ahora los expedientes podrán flotar en sucesivas inundaciones.
Urge una auditoría forense-administrativa del personal del Órgano Judicial y del Ministerio Público que determine la antigüedad de los funcionarios y sus grados académicos.
Nuestro mandatario tendría que emitir ya un decreto ejecutivo con el Órgano Judicial para nombrar una comisión de alto nivel y comprobados valores que emprenda la reestructuración del estamento que administra la justicia en Panamá.
Es inamisible que el Tribunal Electoral tenga un magno edificio solo para comicios cada cinco años y el Órgano Judicial esté en peligro de extinción.
El autor es abogado