El caso Odebrecht marca un antes y un después tanto en la justicia como en la sociedad panameña, pues evidencia la magnitud de una corrupción endémica que ha corroído la institucionalidad y la estructura sociopolítica de la República, llevándonos a un limbo cívico en el cual una gran parte de los ciudadanos desconfía de nuestras instituciones políticas y, por consiguiente, de los políticos.
Entre los años 2010 y 2014, la constructora brasileña Odebrecht pagó coimas a altos funcionarios del gobierno y a sus allegados a cambio de concesiones de obras públicas. El complejo esquema implicaba obras con sobrecostos, cuyos excedentes eran utilizados para pagar sobornos tanto a funcionarios gubernamentales como a sus intermediarios. Este caso volvió a poner en evidencia las debilidades y los abusos de poder que habían convertido al sistema legal panameño en una maquinaria para mover y lavar dineros de procedencia ilícita, dado que existían conexiones entre sociedades anónimas que canalizaban fondos y pagos, tanto en Panamá como en otras jurisdicciones, vinculadas a Odebrecht.
El 12 de enero de 2026 se dio inicio al juicio del caso Odebrecht, luego de la dilatación del proceso y de los múltiples reveses que han debilitado aún más a la ya enfermiza justicia panameña. El Auto Mixto N.º 09, emitido por el respectivo Juzgado Liquidador, ha dado lugar a una nueva etapa del proceso penal, pero también representa una oportunidad para mejorar la confianza ciudadana y fortalecer tanto la percepción como la existencia misma del Estado de derecho en nuestro istmo. De hecho, la extensa lista de procesados —que incluye figuras notorias como los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, familiares de altos funcionarios como Aaron Mizrachi y empresarios como Juan Niño Pulgar— ha calado profundamente en la percepción popular sobre la impunidad asociada a la ostentación del poder político y económico.
De llegar a sentencias condenatorias, el caso Odebrecht representaría una forma de justicia restaurativa para la República y para los numerosos ciudadanos que viven en una desigualdad que nos ata al subdesarrollo. Los actos de corrupción, así como la posterior evasión y dilatación de la justicia, han puesto en evidencia severos problemas estructurales del sistema político panameño y de las instituciones que convergen con el poder. Una condena, aunque tardía, demostraría que nadie está realmente por encima de la ley, ni las grandes corporaciones ni los altos funcionarios, contribuyendo a frenar el progresivo debilitamiento de la confianza ciudadana en la justicia.
Seguidamente, se abriría un proceso de sanación a nivel ciudadano, dado que la recuperación de la confianza pública implicaría un alivio frente a los resultados de los grandes casos de corrupción del país. No es un secreto que muchos panameños tengan la sensación de que estos procesos de alto perfil casi siempre quedan impunes, lo que genera apatía y deslegitima el sistema democrático. Las sentencias condenatorias, por ende, enviarían el mensaje de que la justicia sí funciona, incentivando una mayor participación cívica y promoviendo un mayor respeto por las instituciones.
Adicionalmente, un fallo condenatorio justo mejoraría el clima para la inversión extranjera y la innovación. El dinamismo económico requiere certeza jurídica, reglas claras y tribunales confiables. Cuando impera la impunidad, el riesgo país aumenta, se encarece el financiamiento y se ahuyenta tanto al capital como a la innovación.
Los tentáculos del esquema de sobornos de Odebrecht manipularon la política nacional, generando inestabilidad y desconfianza en la democracia. Está probado que la empresa utilizó recursos para financiar campañas de forma ilícita, bajo la apariencia de donaciones. Este no fue solo un delito electoral, sino una distorsión estructural de la democracia, al capturar decisiones públicas y condicionar el futuro del país. Un castigo efectivo tendría un efecto disuasivo, al establecer consecuencias reales para quienes pretendan repetir estas prácticas.
El caso Odebrecht podría convertirse en un punto de inflexión para la República de Panamá, especialmente en un contexto de constante escrutinio internacional en materia de credibilidad y transparencia. Si bien una condena no resolvería todos los problemas nacionales, sí representaría un paso firme en la dirección correcta, fortaleciendo al órgano más importante del Estado: el encargado de administrar justicia.
En conclusión, hacer justicia en el caso Odebrecht no es únicamente castigar culpables, sino sanar el sistema, fortalecer la democracia y trazar el camino hacia un desarrollo más justo y transparente, en el que la impunidad cueste más que la justicia.
El autor es internacionalista.
