La aprobación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Panamá (Resolución de Gabinete N.° 75, de 11 de agosto de 2026) constituye un paso importante para colocar al país dentro de una discusión tecnológica que ya no podemos eludir. La inteligencia artificial no pertenece al futuro; está reorganizando nuestro presente, desde la administración pública y las finanzas hasta la educación, la salud y el mercado laboral. Sin embargo, precisamente por la magnitud de estas transformaciones, considero necesario hacer una lectura de la estrategia, particularmente en lo referente a la ética.
El documento dedica su Pilar IV a la “Gobernanza y ética” y establece como objetivo “crear un marco de gobernanza ágil, transparente y ético que fomente la innovación al tiempo que protege derechos, evitando una burocracia excesiva”. La formulación parece adecuada: innovación y protección de derechos no deberían ser términos contrapuestos. El problema comienza cuando los principios éticos quedan al margen.
Una primera debilidad aparece en la arquitectura institucional. La estrategia establece que el Instituto Nacional de IA Aplicada (INIAA) funcionará como catalizador operativo y consultor, pero señala que “está concebido no como un regulador, sino como motor de ejecución” (p. 17). Esto plantea una pregunta inevitable: ¿quién tendrá suficiente independencia y capacidad para establecer límites cuando una aplicación de inteligencia artificial vulnere derechos? Promover la innovación y fiscalizarla son funciones diferentes y requieren contrapesos institucionales.
Al llegar al apartado “Regulación ágil y marcos éticos”, se afirma que “la estrategia rechaza la regulación de IA restrictiva. En cambio, favorece un enfoque […] proinnovación que evolucione con la tecnología” (p. 18). Desde una perspectiva económica podemos comprender el interés por no obstaculizar la innovación. Desde la ética, sin embargo, debemos formular otra pregunta**:** ¿quién asume las consecuencias cuando la experimentación tecnológica produce daños?
La ciudadanía no puede convertirse en un laboratorio. Esto es particularmente delicado en ámbitos donde una decisión algorítmica puede afectar derechos fundamentales. La propia estrategia reconoce este peligro cuando establece que los sistemas con impacto social significativo “requerirán Evaluaciones de Impacto Ético (EIE) y supervisión humana” (p. 18). Son avances importantes, pero todavía debemos preguntarnos qué ocurre cuando estos mecanismos preventivos fracasan.
Algo similar sucede con los sesgos algorítmicos. La estrategia contempla que los modelos sean probados frente “a sesgos contra la población panameña”. Sin embargo, detectar el sesgo no resuelve por sí mismo el problema ético. Es necesario establecer quién audita, quién responde por los daños y qué mecanismos independientes tendrá la ciudadanía para reclamar. La transparencia tampoco puede agotarse en informar que existe un algoritmo. Una verdadera gobernanza democrática exige capacidad para comprender, cuestionar e impugnar decisiones automatizadas.
La discusión sobre inteligencia artificial, por tanto, no es exclusivamente tecnológica. Es profundamente filosófica y ética. Nos obliga a preguntarnos qué sociedad queremos construir, qué decisiones estamos dispuestos a delegar en sistemas automatizados y cuáles deben permanecer inequívocamente bajo responsabilidad humana.
Conviene recordar a Kant: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio”, en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres de 1785. Ante la inteligencia artificial, el principio kantiano adquiere renovada actualidad: ninguna innovación debería convertir al ser humano en un simple dato, instrumento o medio.
El aturo es doctor en filosofía.
