En días recientes, el tema del momento ha sido el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y Minera Panamá S.A. Se han dado toda una serie de argumentos a favor y en contra de este contrato y la actividad mineros. Incluso se han dado protestas frente a la Asamblea Nacional por este tema.
Debo confesar que estoy a favor de la actividad minera, pues, aparte de dejar mayores réditos en el tema económico para el Estado, que pueden servir para cubrir diversos programas sociales, los metales extraídos pueden servir para fabricar equipos tecnológicos y materiales para construir infraestructuras.
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con este contrato, puesto que viola la Constitución Política y el Decreto de Gabinete 267 del 21 de agosto de 1969, que dice que la actividad minera debería desarrollarse por un acto de licitación pública, no por contratación directa. Aparte de que el tema económico del contrato es insuficiente para las ganancias abismales que genera la empresa con su actividad minera.
Ahora, se ha estado hablando de que Minera Panamá S.A., empresa panameña con varios accionistas de capital extranjero, podría convertirse en una empresa del Estado. Esto podría ser una posible solución para resolver este tema, pues así se protegen los empleos de los trabajadores de la empresa y el Estado podría desarrollar la actividad minera sin ningún problema. Aunque no confío mucho en el Estado como dueño y administrador de la empresa minera, puesto que históricamente ha sido un mal administrador de sus empresas. Precisamente por esto, empresas como el IRHE y el INTEL han pasado problemas, hasta el punto de ser vendidas a manos privadas.
Por otra parte, el Órgano Legislativo debe jugar su papel de verdadero ente legislativo y abrir las puertas a los ciudadanos que tengan a bien expresarse ya sea a favor o en contra de este contrato minero. Aunque hemos visto una serie de irregularidades típicas de este Órgano del Estado, donde les dan mayor prioridad a los trabajadores de la mina, otorgándoles espacios exclusivos mientras la Policía Nacional reprime violentamente a los que se manifiestan frente a esta corporación legislativa.
En conclusión, considero conveniente que este contrato sea devuelto al Órgano Ejecutivo para que sea renegociado de manera correcta. Con esto, esta nueva negociación debe ser abierta a toda la ciudadanía para eliminar esos vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que rondan este contrato minero.
El autor es especialista en Mercadeo y Comercio Internacional
