El cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en Panamá exige una reforma tributaria integral. La dependencia del endeudamiento público para sostener el presupuesto del Estado es una estrategia insostenible, que evidencia la urgencia de adoptar medidas estructurales para incrementar la recaudación.
La modernización del aparato estatal requiere una reforma tributaria orientada a tres ejes estratégicos: reducir la evasión fiscal, aumentar la recaudación en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y alinear el sistema impositivo con los estándares internacionales. A pesar de esta necesidad, el Ejecutivo ha descartado una reforma de gran magnitud, basando su estrategia en la incorporación de nuevas tecnologías y en el fortalecimiento de la cultura tributaria.
Sin embargo, el Informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2025 contradice esta visión. El organismo recomienda una reforma tributaria integral para Panamá con objetivos claros: ampliar la base de contribuyentes, optimizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y robustecer la capacidad administrativa para formalizar más actividades económicas. Esto incluiría medidas como la reducción de exenciones, el ajuste de tasas impositivas y la modernización de los mecanismos de fiscalización para combatir la evasión.
El potencial recaudatorio de estas reformas es significativo. El FMI estima un incremento de hasta 2.5% del PIB. La eliminación de exenciones fiscales aportaría cerca de 2.0% del PIB —principalmente a través del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el ITBMS—, mientras que el aumento de la tasa del ITBMS del 7% al 10% generaría 1.5% del PIB adicional. Este rendimiento podría ser aún mayor si se amplía la base tributaria y se reduce la informalidad.
El bajo rendimiento del ITBMS en Panamá es preocupante. Según el informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025 del BID, la recaudación de este impuesto representa solo el 14.4% del total, frente al promedio regional de 28.5% para el IVA. Esta diferencia obedece directamente a la baja tarifa del 7% y a las amplias exenciones, configurando un modelo regresivo que limita tanto la redistribución como la recaudación.
Un aspecto llamativo del informe del FMI de este año es la ausencia de recomendaciones para aplicar el Impuesto Mínimo Global, a diferencia de 2024. Esta omisión podría estar relacionada con la potencial reforma fiscal estadounidense One Big Beautiful Bill (OBBB) y su impacto sobre las reglas globales de la OCDE.
Finalmente, las proyecciones de ingresos en el Presupuesto General del Estado, basadas en estimaciones de crecimiento económico, no parecen suficientes para alcanzar las metas de recaudación de 2026. Aunque las cifras han mejorado, el FMI insiste en que solo una reforma tributaria permitirá cumplir la relación deuda/PIB establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Para lograr la consolidación fiscal solo existen dos caminos: incrementar los ingresos o reducir el gasto público. Dado que un ajuste centrado en la reducción de la inversión afectaría negativamente el crecimiento económico, la opción más viable y responsable es avanzar hacia una reforma tributaria integral. No es una cuestión de si se hará, sino de cuándo.
El autor es socio de Galíndez, Medrano & Asociados.
