Me sumo a quienes proponen aumentar sustancialmente la cantidad de magistrados –el trabajo que se le pide a nueve es excesivo–; nombrarles de por vida, remunerarles atractivamente durante su ejercicio y de igual manera pensionarles durante su jubilación, podría eliminar incertidumbres; y, exigiéndoles mínimo 30 años de ejercicio profesional, podría promover sapiencia.
Pero no nos llamemos a engaño. Podemos llevar a la Corte Suprema a las personas más capaces, experimentadas, honestas y decididas y de poco servirá si no se transforma radicalmente el mal emparchado sistema judicial, que ha colapsado.
Los actuales circuitos electorales son resabios de la organización dictatorial, diseñados para mantener la preeminencia del Ejecutivo. No guardan relación significativa con el número de sus habitantes, con su superficie, ni con su participación en la riqueza o pobreza nacional. La prevalencia de circuitos uninominales sobre los plurinominales beneficia a los grandes partidos, no a la democracia representativa de las minorías. Restablecer las elecciones provinciales plurinominales con clara representación proporcional, podría generar cambios provechosos para que los diputados puedan dedicarse más a legislar y supervisar que a preocuparse por sus circunscripciones.
Las diputaciones nacionales podrían ser poco atractivas, por lo costosas, salvo que sean por lista partidaria (como el Parlacen), lo cual va en detrimento de los partidos pequeños y de los independientes y favorece los intereses de los órganos de gobierno partidarios y no necesariamente la presentación de los candidatos más idóneos. No comulgo con prohibir la reelección de los diputados, privando así al país de la experiencia adquirida por los buenos y aupando el arrebato de los malos a causa del plazo perentorio que les tocaría.
La importancia de la Asamblea Nacional de diputados y, por ende, la separación y el balance de poderes, crecería significativamente si los cargos importantes que debe llenar o ratificar -contralor general, procuradores de los Derechos Humanos, de la Nación y de Administración, etc.- requiriesen el voto favorable del 75% de sus miembros.
Pero no nos llamemos a engaño. Poco importa la fórmula que se introduzca si persiste la práctica clientelista, cuya reducción tal vez podría darse restringiendo constitucionalmente, de una vez por todas, el uso directo o indirecto de fondos públicos por parte de los diputados.
Hay que encontrar una manera sensata y prudente de limitar las facultades y poderes cuasi imperiales del Ejecutivo, pero sin atarla de manos en la conducción y administración del Estado. Tal vez ayudaría instituir constitucionalmente normas eficaces para la contención del gasto y el endeudamiento público, tomar en serio el nombramiento escalonado en el tiempo de los miembros de las directivas de entes autónomos e instituir el voto de confianza de los ministros de Estado.
Entre tantos problemas nacionales irresueltos no sobra el tiempo para debates inagotables y agotadores en que diversos y disímiles grupos pugnen por elevar sus intereses y creencias a rango constitucional, mientras los conductores del proceso constituyente se devanan el cacumen negociando acuerdos.
Ojalá prevalezca la sensatez, consensuando lo primordial y aprobándolo sin requiebros. Ya habrá oportunidad para más.
El autor es abogado