El pasado 6 de octubre, como era previsible, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 888, que representa la más reciente mutación de la ley de incentivos turísticos. No solo los virus mutan; las leyes en Panamá también lo hacen.
La primera versión de esta ley apareció en diciembre de 2019, la Ley 122; luego, en junio de 2022 mutó a la Ley 314, y la tercera mutación fue hace dos semanas, el recién aprobado proyecto de ley 888, que se encuentra pendiente de sanción por el Presidente de la República. Y ojalá que esta sea la última, pues al igual que el coronavirus, en el que todas las mutaciones pueden ser mortales, las tres versiones de esta ley mantienen los beneficios del 60 % a 100 % de créditos fiscales.
¿Cómo se explica que los diputados ignoraron la voluntad presidencial, manifestada en cadena nacional el 21 de julio, y votaron a favor de un proyecto de ley cuyo contenido mantiene los beneficios fiscales que el presidente, interpretando el sentir nacional, propuso derogar?
¿Qué análisis costo–beneficio realizaron los miembros de la cámara, en ausencia de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Contraloría General de la República, sobre los efectos en las finanzas públicas de créditos fiscales que podrían llegar a la astronómica suma de $2,000 millones?
¿Qué valor le dieron a la carta del 5 de agosto de 2022, enviada al presidente de la República por la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y la Cámara de Turismo (Camtur), los gremios más importantes de la industria turística nacional, en la que solicitaban la conformación de una comisión para elaborar una ley sobre turismo “en reemplazo de las leyes 122 y 314″?
¿Cómo interpretaron los diputados las multitudinarias manifestaciones públicas realizadas en julio, hace escasos tres meses, en las que amplios sectores de la ciudadanía rechazaron a viva voz los incentivos fiscales que contienen las leyes de marras?
En fin, ¿qué motivó a los diputados a votar a favor de la más reciente mutación legislativa del virus de la inequidad y el favoritismo?
Definitivamente, no fue el deseo de mejorar las condiciones del turismo nacional, pues de haber sido ese el impulsor de sus acciones, se hubiera protestado ante la Comisión de Presupuesto por el inhabilitante recorte que ha recibido el presupuesto de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que de $110 millones en 2019 bajó a $12 millones para 2022.
Tampoco han expresado alarma alguna por la reducción de los fondos asignados al Fondo de Promoción Turística (Promtur), que por ley debe recibir $20 millones al año y el MEF solo le ha asignado $1.5 millones. ¿Qué promoción internacional se puede hacer con esta asignación, después de pagar la planilla de la organización? En cambio, Costa Rica invierte $25 millones en este rubro.
Para entender el accionar de los diputados basta revisar la lista de los empresarios que más se beneficiarían de los incentivos ofrecidos en la ley en cuestión. Algunos de estos empresarios participaron en una audiencia pública en la Asamblea Nacional, celebrada el 11 de agosto, en donde ponderaron los beneficios de las leyes 122 y 314, sin la presencia de ningún representante de los grupos que adversamos estos incentivos. Por cierto, el diputado que dirigió la audiencia prometió organizar reuniones similares con los adversarios a estas leyes. Esta reunión nunca se realizó.
No satisfechos con los generosos beneficios de la Ley 80 de 2012 (15 años de exoneración del impuesto ISR, de Inmueble y de Importación), un reducido pero poderoso grupo de empresarios ha impulsado una ley única en la región proponiendo su necesidad para mantener la competitividad del país.
Sin embargo, no han presentado un listado enumerando las leyes y los países que ofrecen beneficios fiscales de esta naturaleza. Y es conocido que Costa Rica, Colombia o República Dominicana, indudables líderes de promoción turística en la región, no formarían parte de esta lista. Para suplir la ausencia de estudios financieros elaborados por fuentes oficiales, como manda la ley y el sentido común, presentaron un estudio preparado a posteriori por una firma de consultoría que había sido contratada por una organización privada que ha apoyado las leyes desde su inicio.
El estudio muestra resultados favorables a su posición pero los supuestos económicos que lo respalda no corresponden a la realidad. Por último, para evitar el carácter retroactivo de la derogatoria, como había solicitado el presidente, esgrimieron a diestra y siniestra la tesis de la seguridad jurídica, obviando el hecho que este argumento solo tendría validez cuando se utiliza desde una posición legítima y las leyes 122 y 314 están viciadas de origen por la clara violación del artículo 276 de la Constitución, en que incurrieron en su promulgación.
No, los diputados no actuaron contra viento y marea, al contrario, tenían el viento en popa y navegaron a toda vela, impulsados por ciertos empresarios que han visto en estas leyes la salvación de sus proyectos fallidos o una nueva manera de aumentar sus fortunas a costa del erario. Y en ese esfuerzo han recibido el apoyo de algunos bancos, firmas de abogados y casas de valores, poderoso Señor es Don Dinero. Además, lo que es muy grave, todos han actuado sin importarles el daño que le hacen a la imagen de la empresa privada, de la que ellos forman parte y que es objeto de continuos ataques por parte de grupos populistas, que propugnan la lucha de clases.
Por otro lado, en honor a la verdad, hay proyectos y empresarios en ese listado que han actuado de buena fe y sus propuestas concuerdan con los lineamientos del Plan Maestro de Desarrollo Turístico Sostenible 2020-2025.
Ellos se han visto envueltos accidentalmente en esta vorágine y la ATP debe hacer un esfuerzo de conciliar sus necesidades con la realidad que las leyes en cuestión escaso bien le hacen a la República y deben ser derogadas de una vez por todas.
El autor es empresario turístico
