CUMPLIMIENTO DE TRATADOS INTERNACIONALES

El control de convencionalidad, ¿qué es eso?

A raíz de una opinión que en mi condición de procurador de la Administración emití, ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con el matrimonio igualitario, se planteó un cuestionamiento con respecto a uno de los fundamentos que formulé para sustentar dicho criterio. El mismo tiene que ver con lo que se conoce como el control de convencionalidad. Por tratarse de un tema de gran relevancia para la defensa de los derechos humanos, es por lo que considero necesario e importante expresar unas consideraciones sobre lo que dicho control significa, desde la óptica de la Corte Interamericana (en adelante la Corte).

En ese sentido, en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), la Corte señalaba que: “La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

En dicho caso también indicaba la Corte que, “en esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que ‘según el derecho internacional las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”, regla que está consignada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Posteriormente, en el caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) versus Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006, la Corte sostenía que: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”.

Como se ve, en dichos fallos queda claro lo que implica el control de convencionalidad. Un mecanismo mediante el cual lo que se busca es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se haga efectiva, se cumpla incluso sobre el derecho interno del Estado que la haya ratificado. Dicho control debe ser llevado a cabo por los tribunales del país de que se trate, toda vez que los mismos también están sometidos a la Convención. Este control debe hacerse ex officio, lo que significa que ni siquiera tiene que ser requerido por parte alguna. Dicho de otra manera, es una obligación de los tribunales efectuar el control de convencionalidad.

¿Con qué propósito debe hacerse tal control? Pues a objeto, como ha señalado la Corte, de “hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto” en la Convención. Es quizás este, el aspecto más relevante y controversial de lo que implica el control de convencionalidad ya que, de acreditarse que una norma, ley o práctica del derecho interno de un país, es contraria a la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se tiene que hacer prevalecer dicha Convención y la jurisprudencia emitida relacionada a la misma. Lo que significa que no se debe aplicar el derecho interno contrario a la Convención y es esta la que debe ser aplicada.

Esta particularidad del control de convencionalidad es tan significativa que, incluso, cuando una norma constitucional de un Estado es contraria a la Convención, la Corte Interamericana ha dispuesto que la misma tiene que ser modificada a fin de ajustarla a la Convención. Ello ocurrió así en el llamado caso, La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) versus Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001. Decía la Corte en el citado caso que, “al mantener la censura cinematográfica en el ordenamiento jurídico chileno (artículo 19, número 12 de la Constitución Política y Decreto Ley número 679) el Estado está incumpliendo con el deber de adecuar su derecho interno a la Convención, de modo a hacer efectivos los derechos consagrados en la misma, como lo establecen los artículos 2 y 1.1 de la Convención”. Una vez señalado esto, en la sentencia en mención se dispuso que “el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto”.

Esto llevó a que el Estado chileno, mediante “la Ley de Reforma Constitucional No. 19.742, que eliminó la censura previa, reemplazándola por un sistema de calificación cinematográfica”, modificara su Constitución dando, así, cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana.

Este espacio no permite agotar todo lo que está relacionado con el control de convencionalidad. Hemos reseñado apenas algunas de sus particularidades. Lo que debe quedar claro, en todo caso, es cuál es la actitud que se ha de asumir ante este mecanismo. Por eso, si existiera el derecho a la ignorancia, es probable que haya quienes quieran hacer efectivo el pretendido derecho, ignorando el control de convencionalidad. Es posible, de igual manera, que pretendan que otros también lo ignoren. Pero el problema es que el derecho a la ignorancia no lo hace desaparecer. En mi caso decidí rotundamente no ejercer tal supuesto derecho. Por eso procedí a estudiar, analizar y tratar de comprender el control de la convencionalidad, a objeto de sustentar la opinión que formulara sobre el matrimonio igualitario. Se podrá discutir la misma, pero lo que no se podrá refutar es que el control de convencionalidad existe como parámetro para hacer valer los derechos humanos.

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